La consellera de Justicia reconoce en un foro el «maltrato» a los
partidos judiciales de la provincia y plantea trasladar la Fiscalía de
Benalúa a dependencias municipales.
La titular de la Conselleria de Justicia, Gabriela Bravo, dio un
breve pero contundente repaso al «maltrato» que han padecido los órganos
judiciales de la provincia en los últimos años, según declaró ayer en
su visita a la ciudad de Alicante. La también consellera de
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
trató de revertir la situación asegurando que gestionará el traslado de
una de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) a la capital alicantina, así como la reclamación de
los juzgados que se requieren para paliar el atasco judicial de la
mayoría de las jurisdicciones.Bravo realizó estos anuncios en la presentación ayer del Foro por la Justicia en la Comunitat Valenciana. La consellera, en compañía del alcalde, Gabriel Echávarri, y el director general de Reformas Democráticas, José García Añón, abrió un acto concebido como un observatorio que recogerá propuestas de distintos operadores jurídicos y la sociedad civil para mejorar la agilidad y eficacia de esta administración.
«Es una petición más que razonable y es el mismo modelo que existe en Andalucía con Sevilla y Granada o en Castilla-León con Valladolid y Burgos, pero aún tenemos que estudiar el número de recursos que se presentan cada año y la carga de trabajo», declaró Bravo. Por ello, la consellera llevará la propuestas ante el TSJCV, el Gobierno central y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que fue vocal entre 2008 y 2013, una vez se hayan revisado los recursos judiciales que se generan desde Alicante. No obstante, Bravo no detalló si la sede desplazada sería de la jurisdicción Social o Contensioso-Administrativa.
El primer edil de la ciudad acogió de buen grado la petición de Bravo, pues lamentó que «somos el hermano pobre de la familia pobre que es la Administración de Justicia en el Estado del Bienestar». Echávarri se refirió al proyecto fallido de la ciudad de la justicia con las que sí cuentan Valencia, Castellón y Elche pero que en la capital alicantina «siempre creí que se pudiera crear a base de primeras piedras, pero por lo visto no hubo suficientes citas electorales para ello», como ironizó el regidor socialista.
Mientras tanto, los juzgados de la ciudad deberán esperar la reforma del Palacio de Justicia de Benalúa. La instalaciones, que antiguamente fueron una cárcel, son a juicio de Bravo «indignas» y «lamentables», sobre todo en el caso de la Fiscalía. Por ello, abrió la puerta a un traslado provisional del Ministerio Público a dependencias municipales mientras se lleva a cabo la remodelación del vetusto edificio.
Así lo confirmó Gabriel Echávarri, quien indicó que se trabaja con Patrimonio para localizar inmuebles compatibles para este fin. La consellera espera que la reforma pueda echar a andar este año, pero lamentó que todavía no existe siquiera un «proyecto básico», como informó tras intervenir en el foro que ya tuvo una primera sesión en Valencia a finales de 2015.
Entre tanto, la Conselleria busca la forma de que el Gobierno central apruebe la creación de los quince juzgados que necesita la Comunitat y criticó duramente al PP por «rechazar en 2010» el ofrecimiento del Ministerio de Justicia para ello como muestra del «abandono» sufrido.
Los juzgados de lo Penal es una de las asignaturas pendientes a reforzar debido al elevado número de asuntos que registran y cuyas agendas albergan juicios para dentro de dos o tres años, al menos en el partido judicial de Alicante. Bravo aseguró que es precisa la creación de estos órganos «y estamos dispuestos a poner los funcionarios que hagan falta».
De hecho, en el presupuesto para 2016 Justicia cuenta en sus previsiones con la implantación de once de esos quince juzgados que requieren los partidos judiciales valencianos, como el Juzgado de lo Penal en Alicante u otros en La Vila Joiosa o Torrevieja.
Fuente: www.lasprovincias.es
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