Justicia paga un millón de euros al año por juzgados insalubres

El Consell revisa 21 contratos de alquileres de locales para sedes judiciales cuyo precio se sitúa por encima del precio de mercado

El coste equivale a la construcción de tres juzgados por año

Estamos revisando una serie de contratos de alquiler de locales cuyo coste está muy por encima del precio de mercado, como ocurre en Alzira, Lliria, Villajoyosa o Mislata. Se trata de una situación para la que todavía no encontramos una explicación razonable». Es Gabriela Bravo, consellera de Justicia y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su primera comparecencia ante las Cortes valencianas, en el mes de septiembre, para explicar los ejes de su programa.

La Generalitat Valenciana varias decenas de contratos de alquiler de inmuebles que acogen juzgados y sedes territoriales de la Fiscalía por su elevado coste y escaso rendimiento. Valencia es una de las regiones que tiene transferidas las competencias en materia de Justicia y la Conselleria asume los gastos derivados de la construcción de juzgados, alquileres y mantenimiento.
Según los datos a los que ha tenido acceso ELMUNDO, el Gobierno autonómico paga más de un millón de euros al año por 21 contratos de alquiler de sedes judiciales en trece municipios de Alicante, Castellón y Valencia. Teniendo en cuenta que el CGPJ estima que el coste de poner en marcha un juzgado en la Comunidad ronda los 300.000 euros; la Generalitat podría construir hasta tres juzgados nuevos por año con ese dinero. Aún sobraría dinero para mantenerlos y no serían alquilados sino en propiedad.
La mayoría de los contratos se firmaron coincidiendo con el boom inmobiliario y su precio no ha sido revisado en los últimos años. Algunos de esos acuerdos los negoció Rafael Blasco -el ex conseller que cumple seis años de cárcel en la prisión de Picassent por el desvío de fondos destinados a la cooperación- cuando estuvo al frente de Justicia. Muchos están por encima del precio de mercado, tal y como alertó Bravo, y no reúnen las mínimas condiciones de seguridad laboral o salubridad.
La Justicia nunca ha sido protagonista de la agenda política del país o la Comunidad pese a que un sistema judicial eficiente, con músculo, que resuelva a tiempo los problemas de los ciudadanos, garantiza el Estado del Bienestar. Porque es un derecho de los ciudadanos que el Estado, en este caso la Generalitat por estar transferidas las competencias, tiene la obligación de garantizar. El acord del Botànic -documento que recoge las prioridades de los tres partidos que dan su apoyo al Consell: PSPV, Compromís y Podem- no incluye ni una sola iniciativa en Justicia. Nada, cero.
La relación de inmuebles alquilados para destinarlos a sedes judiciales arroja datos muy reveladores. Nunca se habían hecho públicos. Sólo en la provincia de Alicante, la Conselleria paga cada año 408.715 euros por el alquiler de cinco inmuebles, lo que equivaldría a la construcción de un juzgado más al año en la provincia y su mantenimiento durante varios meses.
Por los juzgados de la calle de los Doscientos, en Alicante ciudad, Justicia abona 165.870 euros pese al estado en el que se encuentra el edificio. Por los juzgados de la Vila Joiosa, en la calle Constitución, 100.185 euros; 42.119 euros por otro local en Orihuela para el juzgado Primera Instancia e Instrucción 8; más de 88.000 euros por el archivo judicial territorial de Alicante y 12.474 euros por un bajo en Alcoy para el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4.
Llama, mucho, la atención el gasto en alquileres en Alicante ciudad. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Administración ha tenido y tiene alquilados edificios completos, con condiciones excelentes, que están en desuso. El inmueble que durante años albergó la sede en Alicante de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es uno de ellos. Incluso sedes que no son alquiladas, como el edificio de oficinas de Ciudad de la Luz, no tienen ninguna utilidad -el coste de su mantenimiento se estima en torno a los 8 millones de euros anuales-.
En Valencia, la cifra total de alquileres para juzgados asciende hasta los 582.782 euros, lo que equivaldría a la construcción de dos juzgados por año. Por dos inmuebles en Alzira, que albergan los juzgados y la Fiscalía, Justicia paga 122.499 euros; 138.325 euros por los locales de los juzgados y la Fiscalía en Gandía; 52.644 euros por los edificios que albergan un juzgado y el archivo de Llíria; 46.306 euros por los juzgados de Mislata; y 39.132 euros por otro juzgado alquilado en Ontinyent. Por los juzgados de Sagunto la Generalitat abona, a través de dos contratos distintos, 64.329 euros; 44.926 por dos inmuebles en Sueca; y más de 74.000 euros por dos sedes en Torrent.
Castellón, en cambio, es la provincia con mejores infraestructuras judiciales, según esta información. La Conselleria de Justicia sólo paga un arrendamiento, el del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Vinarós, que asciende a 31.738 euros.

Cocinas-despacho

La situación de la sede de la Fiscalía de Valencia en Gandía ha pasado de ser un chiste a una broma de mal gusto. Diez fiscales y sus funcionarios trabajan en dos apartamentos, antiguos, reconvertidos como oficinas. Cualquier discapacitado que acuda a la Fiscalía de Gandía tiene que ingeniárselas para acceder a los despachos por una estrecha escalera compuesta por más de diez escalones. Son tan graves las deficiencias que la Inspección de Trabajo a punto estuvo de imponer una sanción grave a la Administración y remitir el expediente a un juzgado por un delito contra los trabajadores. «Si en vez de la Fiscalía fuese un bufete de abogados, no estaría abierto», admiten fiscales consultados por este periódico.
La Conselleria habilitó los dos apartamentos como medida provisional para que los fiscales con funciones en el partido judicial de Gandía tuvieran despacho en La Safor. Se pretendía evitar los desplazamientos y los costes adicionales que generaban.
Lo provisional se ha convertido en definitivo con el paso del tiempo y hay fiscales que trabajan en la cocina de los apartamentos porque no hay más espacio para despachos. Cambian la estantería por el microondas; la luz natural por la de un patio interior por donde se cuela la ropa interior de los vecinos cuando llega el mal tiempo. Y al fiscal que le toca la cocina ya sabe que tiene que recurrir a su teléfono móvil si quiere consultar sentencias o leyes por internet porque el espacio no está habilitado técnicamente para conectarse para conectarse a la red. Sí, tal cual.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado varios recados en los últimos años a la Generalitat advirtiendo de que los fiscales no pueden trabajar en esas condiciones. El Ayuntamiento de Gandía ha cedido un local para trasladar a los fiscales pero la Conselleria no tiene dinero para reformarlo.

Su señoría, la cucaracha

Pero lo que no tiene ningún sentido, y así lo reconoció la propia consellera en las Cortes, es que la Generalitat Valenciana pague más de 46.000 euros al año por los locales que acogen los juzgados en Mislata.
Allí, la plantilla judicial ha convertido los baños en calabozos porque no hay más sitio para que los detenidos esperen. Las cucarachas pasean por los expedientes de sus señorías, muchas veces las cisternas de los baños no funcionan y uno de los ascensores está cancelado. Además, para inscribir a un recién nacido en el Registro Civil, los padres deben hacer cola desde la madrugada.
Fuente: www.elmundo.es