Según confirmaron fuentes jurídicas, la Fiscalía estudia hasta 22.536 diligencias previas y 133 sumarios en la provincia de Valencia por lo que en los próximos días los fiscales revisarán hasta 22.669 para evitar que las investigaciones se cierren en falso. Además, al margen de esas diligencias judiciales, los tres fiscales delegados de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada estudian en torno a otras 25 causas más abiertas por presuntos delitos de corrupción para pedir a los juzgados más tiempo para investigar.
Jueces y fiscales han cuestionado en los últimos meses la reforma procesal puesta en marcha por el Gobierno ante el riesgo de impunidad. Llevan años reclamando una revisión a fondo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1884), sí, pero rechazan que se impongan límites a las investigaciones penales sin dotar de más medios a los juzgados y las fiscalías.
El texto de la reforma dice, en concreto: «Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja». Si la investigación es declarada compleja «el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del fiscal y previa audiencia de las partes».
La reforma tiene carácter retroactivo -así lo decidió el Congreso- y pone el contador a cero en todas las causas, de ahí el plan puesto en marcha por la Fiscalía para determinar cuántas causas son declaradas complejas. En las relacionadas con la corrupción, tal y como contó esta redacción, los fiscales pedirán que todas sean declaradas complejas pues en muchos asuntos existen ramificaciones internacionales, uno de los requisitos que fija la reforma para contar con 18 meses más para investigar.
Entre las 22.669 causas que revisarán los fiscales de la provincia de Valencia se incluyen todo el rosario de delitos que recoge el Código Penal y están diseminadas por varias comarcas. El objetivo de la Fiscalía es revisar todos estos asuntos, sin distinciones, para evitar que los juzgados archiven casos sin antes examinarlos.
En noviembre, las Cortes instaron al Consell a pedir la suspensión de la ley si antes no dotaba de medios a los juzgados para su desarrollo.
Fuente: www.elmundo.es
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