- El promotor de la acción disciplinaria señala a la "esfera competencial" del secretario del Juzgado, que no tiene competencia para sancionar
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De acuerdo con la versión ofrecida por los protagonistas, la documentación de la investigación del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas cayó en un agujero negro situado en algún punto entre el Juzgado número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial. A la espera de que un juez de Madrid determine qué ocurrió, el Consejo General del Poder Judicial ha hablado, eximiendo de toda responsabilidad a la magistrada Rosa María Freire, que instruía la causa, y señalando a la "esfera competencial" del secretario de dicho juzgado, Guillermo Vázquez Ariño.
Ante la queja presentada por Observatori Desc, que ejerce la acusación popular del caso Bárcenas, el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial abrió una información previa. Tras consultar al secretario del Juzgado número 32 y la Audiencia Provincial, ha dictado un acuerdo en el que archiva la queja porque sus competencias –una suerte de policía y fiscal para los jueces- se limitan a los magistrados y no se pueden extender a otros funcionarios del juzgado.
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