Exigen a Trabajo que cierre de una vez los juzgados de Alcoy

Tercer intento para que la Inspección de Trabajo cumpla con su orden de cierre tras detectar que el Palacio de Justicia de Alcoy no reúne las condiciones para que los empleados desarrollen su labor ni para que los ciudadanos acudan a hacer uso de la Justicia. Pues bien, la fecha fijada para salir del lugar era el pasado 31 de mayo. Lejos de cumplirse la resolución, desde la Conselleria de Justicia se prefirió no ocupar las instalaciones que ya había construidas tras el desencuentro con el Ayuntamiento, al que le debe una cuantiosa suma de dinero por dicha construcción.

Por ello, el sindicato UGT ha remitido un escrito a la Inspección Provincial de Trabajo para que ejecute de una vez por todas aquello que determinó allá por el mes de marzo y para lo que dio un plazo de tres meses, el desalojo.

El Consell ha anunciado una reforma para el edificio de un millón de euros que, en principio, debería prolongarse durante todo 2014. Esto significa que, además de las condiciones de insalubridad e inseguridad, «habría que lidiar con las obras», lamenta el responsable de Justicia de UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín.

Y mientras hay que esperar a que se remodele el edificio de la Plaza Al-Azraq, con otro nuevo que será para la Policía Local de Alcoy en la Plaza Mare de Déu. En la presentación del proyecto de reforma, el conseller Serafín Castellano echó balones fuera y lanzó al tejado del Consistorio el hecho de que los juzgados no hayan recalado en el nuevo inmueble. Sin embargo, el Ayuntamiento cuenta a su favor con la deuda de 3,5 millones de euros del Consell y, como han manifestado en diversas ocasiones, «la falta de negociación».

Las formaciones sindicales se han puesto firmes con el Palacio de Justicia de Alcoy desde el principio, ya que la situación es «kafkiana», como lo define el delegado de Justicia de CC OO, Jaime de Hijas, quien recientemente estuvo en las instalaciones con el diputado de Esquerra Unida en Les Corts Ignacio Blanco y representantes de Intersindical. El objetivo era comprobar de primera mano con que han de lidiar los trabajadores del edificio.

De hecho, incluso el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, se ha planteado en más de una ocasión llevarse de allí a los representantes del Ministerio Público.

Las deficiencias que presenta el edificio se encuentran a todos los niveles: en seguridad estructural, salidas de emergencia, señalización, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y material y local de primeros auxilios. Pese a todos estos defectos, lo cierto es que uno de los principales problemas es su nula accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Fuente:http://www.lasprovincias.es