La comisión de expertos de la reforma de la planta judicial advierte de que es necesario aprovechar la «economía de escala».
El Gobierno está decidido a acabar con la actual división de partidos judiciales y quiere concentrar todos los juzgados en las capitales de provincia. El Ministerio de Justicia se apoya en el dictamen de la comisión de expertos que ha analizado la actual planta judicial diseñada en el siglo XIX y que propone un cambio radical. La propuesta de ley, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, asume las tesis del partido judicial único que desde hace años ha defendido el juez decano de Valencia, Pedro Viguer. Los magistrados decanos de toda España ya apoyaron hace dos años el proyecto de Viguer y poco después el Consejo de Ministros acordó crear la comisión que acaba de emitir el informe. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, insistió ayer en que la concentración es la mejor opción, aunque recordó que el CGPJ todavía no se ha posicionado. El PSOE se opone a la reforma porque cree que aleja la Justicia de los ciudadanos que no viven en las capitales de provincia.
El informe lamenta que desde la aprobación hace 25 años de la ley de planta y demarcación la Administración de Justicia ha ido a peor a pesar de la creación de 2.500 plazas judiciales. «La opción de mantener los juzgados unipersonales como base de la pirámide judicial, manteniendo esquemáticamente un diseño de histórico arraigo en la cultura judicial española, ha quedado ciertamente desfasada, generando evidentes disfunciones. El incremento de unidades judiciales no ha significado una disminución exponencial de la pendencia (una bajada de los casos pendientes), lo que acredita la inadecuación de la organización judicial a la nueva realidad española», apunta el documento.
El proyecto consiste en cambiar el modelo actual de juzgados y audiencias provincial por un nuevo tipo de órgano judicial llamado tribunal de instancia. Los tribunales de instancia estarán divididos por jurisdicciones y, en principio, sus sedes estarán en Valencia, Alicante y Castelló. Fuentes judiciales explicaron que puede haber un solo un tribunal de instancia de penal con 40 jueces adscritos y una bolsa de 400 funcionarios que trabajarían para todos los magistrados. El vicepresidente del Poder Judicial señaló que él también es partidario de crear algunas unidades de apoyo en poblaciones grandes como Xàtiva. Al desaparecer las audiencias provinciales, los recursos los tramitará el TSJ de Valencia.
Según el documento, «esta organización colegiada permitiría una mejora sustancial de las cargas de trabajo que todos los magistrados lleven el mismo número de asuntos y la optimización del régimen de sustituciones de los jueces». Además, según la comisión de expertos, «el gran atributo que caracteriza esta "provincialización" de la Justicia radica en la economía de escala, con una evidente y necesaria optimización de los medios materiales, personales y temporales de la Administración de Justicia».
El PSOE está en contra de la supresión de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana. El diputado nacional del PSOE Gabriel Echávarri, que es miembro de la comisión de Justicia, advirtió de que la reforma «va en perjuicio de los ciudadanos. La Justicia hay que acercarla a la gente, no alejarla. La propuesta supone acrecentar las desigualdades».
Fuente: http://www.levante-emv.com
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