El Consell rechaza la reforma de Rajoy para concentrar los juzgados en las capitales

Rus y otros alcaldes con sede judicial «se opondrán» a una ley del Gobierno que no cuenta «con nadie»

La propuesta de ley con la que trabaja el Gobierno y que pretende suprimir la actual división de partidos judiciales para concentrar los juzgados en las capitales de provincia ha puesto en pie de guerra a los alcaldes de los municipios afectados y al propio Consell.

El conseller de Justicia, Serafín Castellano, mantuvo ayer lo que ha venido defendiendo últimamente: la Generalitat «no suprimirá ningún» partido judicial en la C. Valenciana. Asimismo, adelantó que el Consell defenderá ante el Gobierno el mantenimiento del actual mapa con 36 partidos judiciales, y así lo manifestará en el informe preceptivo que la autonomía emitirá en el proceso de reforma de la ley. Allí se medirá el tono reivindicativo del Consell en este nuevo frente con el Gobierno. No obstante, dicho informe no tiene carácter vinculante, con lo que los esfuerzos de Fabra para convencer a Rajoy deberán ser más políticos que jurídicos.

Al margen de esto, los alcaldes tampoco escondían ayer su enfado. El líder provincial del PP, Alfonso Rus, que además de presidente de la Diputación de Valencia es alcalde de Xàtiva (sede judicial), lamentó una medida que se ha lanzado desde Madrid «sin contar con nadie».
Según señaló a preguntas de Levante-EMV, en cuanto tenga conocimiento del texto, la propuesta de reforma del ministro Gallardón «tendrá su oposición». «Si fuera para solucionar un problema, estaría de acuerdo. Pero [los problemas de la justicia] se soluciona con tecnología, con una estructura más ágil», lamenta.

Rus justifica su postura en la pérdida para los municipios judiciales de un servicio que es motor económico, pero también en el alejamiento de la justicia para muchos ciudadanos: «Desplazarse a Valencia para cualquier juicio va a ser muy perjudicial para los vecinos». «Hay muchas soluciones. Como alcalde, me opondré», adelanta el dirigente.

El alcalde de Moncada, Juan José Medina (mano derecha de Rus y con juzgados en su municipio), se une a las críticas. «No voy a aceptarlo y voy a luchar todo lo que pueda. Si hace falta montar un acto con la gente de Moncada o el partido judicial lo haré. Hay que buscar soluciones», insistía ayer.

En cualquier caso, también alcaldes socialistas han mostrado su descuerdo. «Es una aberración», clama Conxa García, alcaldesa de Picassent, que teme que la reforma genere un efecto disuasorio entre los ciudadanos. «La justicia tiene que estar cerca y no poner obstáculos. Poner una denuncia es más factible aquí que si hay que desplazarse, que muchas veces conlleva perder un día de trabajo. Ya nos quitaron el servicio contra la violencia de género», lamenta.

Como contó ayer este diario, la propuesta del Gobierno asume los planteamientos del partido judicial único que sostiene el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, con el apoyo de magistrados de toda España. El dictamen de la comisión de expertos en que se basa la decisión del Gobierno da por obsoleto el actual sistema judicial, casi el mismo que en 1870. Viguer recuerda que este sistema provincial ya funciona sin problemas en los ámbitos de lo social, contencioso o menores. Además, la Fiscalía y servicios como el Instituto de Medicina Legal ya están en las capitales de provincia. Está previsto que el modelo entre en vigor en julio de 2014, y también supondrá la desaparición de los juzgados de paz.

Los partidos de la oposición anunciaron ayer que también plantarán batalla contra esta reforma. El líder del PSPV, Ximo Puig, denuncia el «nuevo ataque del PP a la ciudadanía con la supresión de los partidos judiciales» y anuncia la presentación de proposiciones en las Corts y mociones en los ayuntamientos para que la Generalitat «mantenga una posición firme contra la recentralización de la justicia». A partir de ahora «una maltratada que ya tiene dificultad de denunciar, tendrá que ir a otra ciudad para hacerlo», por lo que «alejará a la Justicia de la gente».
Desde EU, el portavoz adjunto Ignacio Blanco afirmó: «Exigiremos que el Consell, tal y como se comprometieron el exconseller Jorge Cabré y el actual conseller de Justicia Serafín Castellano, que defienda la pervivencia de todos los partidos judiciales, porque es una necesidad para atender correctamente un servicio público y un derecho constitucional».
Fuente: www.levante-emv.com