El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana por la tarde dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra del BNG, sobre la futura reforma de la ley de Demarcación y Planta Judicial.
Tanto PSOE como BNG rechazanen sus iniciativas el informe que un grupo de expertos entregó al Ministerio de Justicia, que planteaba la supresión de partidos judiciales. Esta propuesta está siendo estudiada por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón antes de plantear su reforma de la judicial española.
Según
aseguran los socialistas en su proposición, la propuesta de los
expertos “sigue la senda de las reformas de la administración que nos
viene proponiendo el Gobierno y que, como otras, ignora a los
ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las comunidades autónomas” y tiene como objetivo el “desmantelamiento de los servicios públicos”.
“La
propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los
partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de
funciones tal que los convertiría en poco más que sedes
administrativas”, continúa el PSOE en su proposición.
NO A LA "RECENTRALIZACIÓN"
Así,
el PSOE propone que el Congreso inste al Gobierno a “desestimar y no
llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y
Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia”,
en
referencia al dictamen que los expertos han entregado al departamento de
Gallardón.
Asimismo, la formación socialista quiere que el Ejecutivo
presente una nueva propuesta de reforma que tenga en cuenta las
distintas competencias que concurren y que mantenga la demarcación y
planta vinculada a los territorios conformados por los partidos
judiciales, “dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en
las capitales de provincia”.
También desea que “mantenga las
Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento
y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los
intereses de los ciudadanos”.
Otra de las propuestas que hace el
PSOE pasa por “implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con
el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de
garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y
agilizar la justicia, mejorando el servicio público”.
"EMPEORARÍA LA JUSTICIA"
Por
su parte, el BNG, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, señala que
se opone a “una reforma de este calibre porque empeoraría la justicia
en Galicia, cuando es evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados”.
“De
hecho, en el territorio gallego se precisarían más juzgados, incluso
una revisión de la demarcación de la planta judicial que tenga en cuenta
los cambios demográficos habidos en las últimas décadas para que se
implanten sobre todo más juzgados en ciudades y villas que han
experimentado aumentos poblacionales significativos”, argumenta el BNG.
Para
esta formación gallega, según consta en la exposición de motivos de su
iniciativa, “en lo que va de legislatura, el Ministerio de Justicia se
ha aplicado en empeorar la Justicia, el derecho de acceso a la tutela
judicial y el propósito de asentar una justicia para quien se la pueda
costear, dejando a las mayorías sociales en una situación de
desprotección mayor”.
La proposición del BNG busca que el Congreso
inste al Gobierno a “retirar la propuesta de modificación de la
Demarcación de Planta para establecer un único partido judicial por
provincia, eliminando así los partidos judiciales y concentrando las
sedes en las capitales de provincia”.
"RACIONALIZAR"
Esta
iniciativa quiere que el Gobierno impulse una reforma “en profundidad”
de la organización de la Administración de Justicia, “que implique la
transferencia a las comunidades autónomas de la competencia exclusiva
sobre la delimitación de la demarcación y planta judicial, y permita
acometer una revisión que asegure el mantenimiento de partidos
judiciales en las ciudades y los municipios de mayor población y
aquellos que sean cabeceras de comarca”.
Por último, pretende que se
lleve a cabo “una racionalización de la justicia, apartada de una visión
corporativista y centralista y elaborada de forma consensuada con los
profesionales, organizaciones y colectivos sociales del ámbito
jurídico”.
Busca que esa racionalización se funde “en los criterios
de respeto al derecho a la tutela judicial, el acceso universal a la
justicia, el acercamiento de la justicia a la ciudadanía y una mayor
accesibilidad desprovista de costes añadidos”.
Fuente: www.noticias.lainformacion.com
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