Alicante: Justicia subsanará las deficiencias de la Audiencia pero se resiste a poner plazo

El Comité de Seguridad y Salud se reunió ayer de urgencia para abordar las carencias detectadas por la Inspección de Trabajo y adoptar medidas.

Se pondrá en marcha un plan de prevención y evacuación y se evaluarán los riesgos que la obra de reforma de la Audiencia Provincial de Alicante puede conllevar para los trabajadores. A priori, esa tarea ya debería estar hecha incluso antes de que se iniciaran los trabajos allá por el mes de julio, pero como no ha sido el caso la Inspección Provincial de Trabajo ha solicitado que se solvente esta anomalía lo antes posible. De ahí que ayer se desplazasen miembros de la Dirección General de Justicia hasta Alicante para asistir a la reunión del Comité de Seguridad y Salud, que conforman los representantes de los sindicatos CC OO, UGT, STAJ, CSI-F e Intersindical, además de los miembros de la Conselleria, y que se convocó con carácter de urgencia, tal y como había solicitado la Inspección en su última resolución tras examinar las dependencias en obras. 

Allí se abordaron los aspectos más problemáticos desde el inicio de los trabajos de reforma como el ruido, polvo, vibraciones, desprendimientos, inutilización de escaleras, de ascensores y medios de elevación, desplazamientos de trabajadores a lugares distintos de sus puestos habituales y cierres de vías de paso, de evacuación y de las salidas de emergencia. Dichas deficiencias se recogían en una denuncia interpuesta a la Inspección de Trabajo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

De hecho, una de las imágenes más comprometedoras era la de una de las puertas de las salidas de emergencia en la planta cuarta del inmueble, donde se ubica la Sección Tercera. El acceso se encuentra cerrado a cal y canto con una cadena y un candado que impide tanto la entrada como la salida de cualquiera que no disponga de llave. Sobre todo ello también relató su visión un empleado no sindicado que trabaja cada día con las condiciones de polvo y teniendo que lidiar con juicios en los que se cuelan los ruidos de las obras y que no debían iniciarse antes de las 15.00 horas. La Dirección General estudia un protocolo para acabar con este problema.

A todo se le va a poner solución, o al menos a ello se ha comprometido la Dirección de Justicia de la Generalitat, que reconoce las evidentes carencias a las que se ha llegado con la reforma en marcha. No obstante, no hay un plazo concreto para ello. La respuesta que ayer ofrecieron no fue más allá del «en breve», según trascendió del encuentro que mantuvieron ayer los responsables de la Conselleria y los representantes sindicales. Lo que sí se ha propuesto es que el jefe de mantenimiento de la Audiencia sea observador directo de las situaciones de riesgo y, para ello, el empleado deberá superar un curso que lo cualifique por las reticencias generadas.

Sin embargo, en algunos aspectos, como el plan de evacuación, la Dirección General se escuda en que existe uno ya elaborado y entregado en el año 2005. Dicho plan no contemplaba una reforma integral con sus trabajadores dentro que se debe ejecutar por fases. Del mismo modo, se requirió por parte de los sindicatos que se les consulte ante la toma de decisiones.

Las situaciones que se están dando en algunos casos son dantescas. Como ejemplo, hasta hace poco una magistrada se encontró de golpe con compañeros nuevos, sin una pared que mediase con la sala de los detenidos, y la juez debía compartir despacho con los presos que han de ser juzgados. Por el momento se ha solventado con un trozo de pladur que se interpone ahora entre las dependencias, como comprobaron los delegados de CC OO de Justicia.

La formación sindical STAJ dio parte el pasado mes de junio al Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), al que pidió emitir un informe sobre el plan de seguridad y las posibles consecuencias de la obra, que lleva a cabo la constructora San José.

La respuesta del organismo se limitó a decir que «el informe que nos ocupa ha sido remitido a los efectos oportunos a la Dirección General de Justicia». Por ello, se les recordó a los miembros de la Administración autonómica de las responsabilidades penales ante el incumplimiento de las leyes de riesgos laborales por motivos de imprevisión e imprudencia.