Los profesionales advierten que su eliminación implicará más impuestos para el ciudadano, que pagará las 140.000 tramitaciones que realizan al año.
El Gobierno central ha logrado poner en pie de guerra a los procuradores, que anuncian «todo tipo de medidas de presión para conseguir paralizar» el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales y Colegios Profesionales que pone en jaque su supervivencia y supondrá «una catástrofe para la Administración de Justicia, su encarecimiento y ralentización», además de «un mayor coste económico para el ciudadano», que tendrá que asumir «con impuestos» todas las tramitaciones, más de 140.000 cada año, que vienen pagando estos profesionales. Y es que, «al margen de otras tareas, el 98,5% de las resoluciones judiciales las gestionan los procuradores a través de su sistema telemático de Lexnet», del que carecen los despachos de abogados, explica el decano del Colegio profesional de Zamora, Juan Manuel Gago.
Los procuradores, reunidos ayer en asamblea extraordinaria, recabarán el apoyo de la presidencia de la Audiencia Provincial, del Decanato de Jueces, del secretario coordinador y de los abogados para frenar esta iniciativa del Ministerio de Economía «que carece de lógica y fin» y que es un signo más de los «injustificados ataques de la Comisión Nacional de la Competencia a nuestra profesión y demuestra el absoluto desconocimiento que tienen sus integrantes de la función del procurador».
Este colectivo profesional está «estupefacto» por una normativa perniciosa para la Justicia, a su entender, a cuyo anteproyecto presentarán alegaciones en los próximos siete meses, plazo del que disponen para exponer sus sugerencias. «Somos necesarios porque así lo reconoce el ordenamiento jurídico» y así se ha ido ratificando en los sucesivos «pactos por la justicia suscritos por PP y PSOE», subraya Gago.
Gago se pregunta «qué va a pasar con los 1.500 asuntos del turno de oficio», ya que el coste de la tramitación de los procedimientos, que actualmente recae en el procurador, al pasar a ser competencia de los abogados, como pretende la nueva Ley, se incrementará hasta en un 20%, así como los honorarios de los letrados que pueden aumentar en ese mismo porcentaje.
Desde el Colegio se hace especial hincapié en el desastre económico y de efectividad que implica para Justicia, ya que los despachos de abogados no están preparados para incorporar el volumen de trabajo que desempeñan los procuradores. «En zamora realizamos 120.000 notificaciones al año (en toda España 50 millones), de las que casi la mitad se realizan por el sistema telemático de lexnet, sin papel, instalado en nuestros despachos» y del que carecen los abogados. Las restantes notificaciones también llegan a los procuradores y a través del propio Colegio, agrega el decano de Zamora.
El traslado de escritos telemáticos entre el juzgado y los letrados, otra de las tareas de los procuradores, 10.000 anuales en Zamora (y 28 millones en todo el país), «habría que hacerlo en cada juzgado, tarea que no solo incrementaría el coste material y precisaría de mayores recursos humanos» para cada órgano, sino que también repercutiría en «la pérdida de agilidad en la tramitación de los asuntos judiciales», apostilla Gago. Además, se alerta del peligro que representa esta modificación legislativa para el mantenimiento de los 63 puestos de trabajo vinculados directamente a la Procuraduría en la provincia.
La continuidad de este iniciativa de Economía, que implica la desaparición de los 42 procuradores de Zamora (y de 10.000 en toda España), supondrá no solo bloquear, sino desandar el camino de la modernización de la Administración de Justicia. Y es que «la desaparición del papel prevista a primeros de 2014, gracias a la plataforma telemática de procuradores que permitirá presentar también las demandas a través de Internet», es uno de los objetivos que no se podrá cumplir, si las competencias recaen en los abogados, la inmensa mayoría sin medios suficientes para desempeñarlas. La repercusión en el funcionamiento de la Justicia es evidente: será una vuelta de tuerca más y un retroceso en los logros de la última década. Además, colisiona con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Ministerio de Justicia que entra en funcionamiento en otoño y concede más competencias a los procuradores.
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