El Registro Civil de Torrevieja asume miles de trámites con sólo dos funcionarias

El decanato advierte de que es «imposible» sacar adelante el trabajo diario con tan pocos medios humanos. La Generalitat suprimió la mitad de la plantilla hace 4 años. Las colas protagonizan el día a día del acceso a los Juzgados a primera hora

Hace cuatro años el registro perdió a la mitad de su plantilla. Y así siguen. Dos de los cuatro puestos de trabajo están vacantes, sin que la Generalitat, competente para dotar de medios humanos los juzgados, haya hecho nada y pese a las reclamaciones formales en este sentido del juzgado. La cola de usuarios comienza a formarse sobre las siete de la mañana, la apertura de las dependencias se hace a las nueve. Desde hace unos años la cita previa por internet ha evitado los conflictos entre ciudadanos pero no la espera. En un registro civil -dependiente del juzgado de Primera Instancia- empieza y termina la vida de una persona. Inscripción de recién nacidos, matrimonios, separaciones, divorcios, régimen económico de los matrimonios, tutelas, libros de familia, certificados de defunción- que deben cumplimentarse además en 24 horas-, o trámites documentales como la expedición de una fe de vida para que los jubilados puedan percibir su pensión. El Registro Civil de Torrevieja tramitó 1.351 asuntos en 2012 y ha resuelto otros 673 durante lo que va de año. Eso como ejemplo, porque las estadísticas van más allá según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

La oficina tiene pendientes a fecha de hoy 1.050 expedientes de nacionalidad aprobados y denegados, y 1.000 de estos trámites aprobados para realizar el juramento -última fase para completar la nacionalidad y que en algunos casos se demora durante meses pese a que el resto del papeleo está terminado-. Se trata de los trámites más complejos y que exigen la participación de otras organismos. La capacidad del juzgado de Torrevieja sólo da para señalar 80 de estos juramentos al mes.

Como los medios son escasos, desde hace años el Registro ha tenido que dividir sus funciones por días. Los lunes y miércoles los dedican a tramitar diez expedientes de matrimonio y cinco de cita previa, además de cambio de nombre, inscripciones de nacimiento fuera de plazo, duplicados de libros de familia o reconocimientos maternos. Los martes y los jueves están reservados para tramitar diez expedientes de nacionalidad-que exigen una atención de más de media hora por usuario- e inscripciones de recién nacido. Los viernes le toca el turno a las fes de vida -entre 50 y 100 en esa jornada-. Y todos los días se presta atención al público y otros trámites más específicos. Cualquier acontecimiento de la vida tiene su reflejo en el Registro, todo sigue haciéndose a base de papeleo -a la espera de la informatización prevista en toda España para 2014-. El más pequeño error genera otro expediente. Y hay más. A todo ese trabajo hay que sumar las peticiones de información de los propios juzgados para instruir sus propios asuntos. En estos momentos hay 805 exhortos por cumplimentar en ese ámbito.

Justicia quiere privatizar el servicio, derivarlo a los notarios y que se cobren tasas
El escaso interés mostrado por la Generalitat en reforzar de personal los registros civiles tiene como trasfondo la reforma que ha propuesto el Gobierno central para eliminar los registros civiles como tales en los juzgados, cobrar por algunos servicios que ahora son gratuitos y derivar su tramitación al sector de los notarios. La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy, de momento aparcada, tiene como primera consecuencia que las bodas civiles, oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar al notario unos 90 ó 100 euros, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.

Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo "gratuitas" en el nuevo registro, que quedará encomendado a registradores de la Propiedad y Mercantiles. Estos actos suponen entre el 80 y el 90% de la actividad de estas oficinas.

El ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón vende el nuevo modelo como una oportunidad de dotarle de una mayor eficiencia al incrementar la "interoperabilidad informática con un importante ahorro" a la Administración, que gasta cerca de 450 millones de euros anuales en todo el país para mantener el servicio público. Inicialmente esta reforma proponía entregar los registros a funcionarios públicos como secretarios judiciales, algo que se ha descartado porque sería necesario ofertar más plazas. De momento todos los colectivos afectados por la reforma, que debería entrar en vigor en 2014, la han rechazado de plano. Los notarios porque deberán cobrar por alguno de los trámites pero otros los asumirían de forma gratuita