La orden de desahucio que pesa sobre el Palacio de Justicia de Orihuela ha llegado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) y éste se ha dado por enterado de la decisión que ha tomado el bipartito de decretar la expulsión de los jueces de las actuales dependencias que ocupan.
El secretario de la Sala de Gobierno del alto tribunal, José Miguel de Ángel, ha remitido un certificado al Ayuntamiento en el que comunica un acuerdo adoptado por ese órgano en el que se toma conocimiento de la comunicación del Consistorio sobre el problema planteado con la sede de los juzgados de la Plaza de Santa Lucía.
Asimismo hace saber que son conscientes de la grave situación y los perjuicios que puede acarrear el desalojo de los funcionarios judiciales, secretarios, jueces y fiscales y que la Sala de Gobierno ha dado traslado a la Conselleria de Gobernación y Justicia «a fin de que en el ámbito de sus competencias adopte urgentemente las resoluciones que procedan para una pronta resolución de la misma».
Esa notificación llegó el pasado 15 de marzo al Registro General del Ayuntamiento, a nombre de la concejal de Planificación y Proyectos, la socialista Antonia Moreno, que es la que lleva la voz cantante del bipartito en lo relativo al desahucio de las dependencias judiciales.
El secretario de la Sala de Gobierno hace constar en la misiva que la decisión tomada por el órgano decisorio del TSJ se acordó por unanimidad de los miembros que la componen y que el acuerdo ha quedado reflejado en el libro de actas.
A partir de ahora será el departamento que dirige el conseller Serafín Castellano el que tenga que, además de lidiar con la teniente de alcalde oriolana, hacerlo con la preocupación de los usuarios del edificio, que perciben cómo se acaban los plazos dados por el gobierno local para efectuar el desalojo de unas dependencias que considera debe pagar la Generalitat.
Mientras tanto el PP tiene recurrida en la vía Contenciosa la decisión de Moreno de llevarla a cabo, al considerar el partido de la oposición que no existe informe previo del Secretario para adoptar el acuerdo y que la Junta de Gobierno no es el órgano competente, sino que debería llevarse a Pleno.
Fuente:http://www.laverdad.es
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