La Conselleria sólo se compromete a terminar las obras de Vila-real y a construir la Ciudad de la Justicia de Alicante por ser el proyecto clave
El programa Justiseu de la Generalitat Valenciana no pasará a la historia precisamente por su grado de cumplimiento. El plan, de 2008 a 2011, contemplaba la construcción de 16 sedes judiciales, y una docena han quedado aparcadas para tiempos más propicios.
La iniciativa, bien recibida en su día por todos los colectivos implicados, pretendía dotar de dignidad a unas instalaciones donde desarrollan su trabajo diaria jueces, fiscales y abogados.
La idílica imagen de la Ciudad de la Justicia de Valencia -una de las mejores instalaciones de Europa- no tiene nada que ver con lo que se puede ver en otros partidos judiciales de la Comunitat.
Justiseu terminará su periodo de vigencia en unos meses. Y no está previsto renovar el plan para otro periodo de cuatro años, tal y como admiten desde la Conselleria de Justicia: «No hay dinero. Hay que tener claro lo que se puede hacer y lo que no». En época de crisis, lo más importante suele ser establecer las prioridades.
Hasta el momento sólo Paterna y Elche han tenido la suerte de ver finalizado el edifico que alberga los juzgados. Justicia sólo se compromete a terminar las obras de Vila-real y la Ciudad de la Justicia de Alicante. ¿Y el resto? Mislata, Villena, Torrent, Xàtiva, Llíria y Alzira están «en estudios urbanísticos», básicamente sobre la disponibilidad de suelo. Es decir, en su fase más embrionaria. Sin visos de que marchen hacia adelante.
Luego se encuentra otro grupo, formado por las sedes de Ontinyent, Sagunto, Sueca, Gandia, La Vila Joiosa y por la reforma del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Este último listado está ya descartado.
En Paterna ya está en funcionamiento, aunque todavía no ha sido inaugurada de manera oficial. Mientras, en la sede ilicitana se da la circunstancia de que se terminó con el actual plan, pero arrancó del anterior, el Pladij (1997). Una muestra de lo que, en muchas ocasiones, cuesta que un proyecto pase del papel a la realidad.
Existen dos casos quizá más dramáticos que el resto. Por un lado se encuentra Vila-real. La obra está ejecutada al 30% pero, en la actualidad, está paralizada. Justicia volcará todos sus esfuerzos en que se reanude la actuación. Es el único compromiso, junto con el de la Ciudad de Alicante, en el que la Conselleria se mantiene firme. El resto se dividen entre paralizadas y casi descartadas.
En el caso de Vila-real, el inconveniente surgió con la empresa adjudicataria, Becsa. Los problemas económicos ahogaron a la firma, que no logró conseguir financiación para terminar la obra. Este edificio se construyó con el conocido como sistema alemán. La empresa asume el coste hasta que termina la obra y, entonces, es la Generalitat la que paga. Ahora, lo que ocurre es que la Conselleria tiene que resolver el contrato y buscar alguna compañía interesada en terminar las dependencias.
Por su parte, la Ciudad de la Justicia de Alicante es el proyecto fundamental del conseller Jorge Cabré. Se trata de la iniciativa más importante de la legislatura en este área.
Responsabilidad compartida
De hecho, es el propio Cabré quien está dirigiendo todos los pasos para encontrar la fórmula adecuada para la construcción y equipamiento de esta infraestructura. No será sencillo. La necesidad de estas instalaciones es máxima ya que se trata de la única capital de provincia que no cuenta con una sede de garantías.
La responsabilidad del incumplimiento de este plan no recae sobre los dirigentes actuales de la Conselleria, sino que hay que remontarse a la etapa anterior. Justiseu se diseñó en un contexto totalmente diferente al actual, con una previsión de ingresos y una coyuntura económica al alza.
De hecho, Justiseu nace del Pladij, que preveía levantar 21 sedes judiciales. Algunas las heredó el siguiente plan.
De las obras que quedarán para otros tiempos de bonanza destaca la remodelación del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un edificio que necesita una seria intervención. Pero al tratarse de un inmueble protegido, el coste de la actuación se dispara hasta casi 30 millones de euros, según las fuentes consultadas.
No es el único recorte que Justicia ha tenido que hacer ante la necesidad económica. Este mismo año se vio obligada a aplazar una quincena de juzgados, que la Conselleria pondrá en marcha de manera paulatina sin un compromiso de fechas establecido. El Consell asume la mayor parte del coste de los órganos judiciales porque se hace cargo del sueldo de los funcionarios. El Gobierno paga el del juez y el del secretario judicial.
La legislatura en Justicia, como en todas las áreas, estará marcada por la acuciante necesidad de reducir gastos y solventar deudas. Tal y como publicó LAS PROVINCIAS la pasada semana, se ha llegado un acuerdo con Iberdrola para saldar los pagos atrasados -de cinco millones- durante los próximos tres ejercicios. Con Correos existe un plan similar, pero de mayor importe porque la deuda llega a los 30 millones.
Fuente: www.lasprovincias.es
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