En una entrevista concedida a EFE, Cabré asegura que estas medidas de "racionalización" permitirían mejorar la justicia valenciana, para la que también demanda los cerca de 26 millones de euros en tasas que genera anualmente y que van a parar al Estado.
En la Comunitat Valenciana, como en el resto de autonomías, los problemas del sistema judicial son de tipo "estructural" y su solución, según Cabré, debe comenzar por reorganizar las plantillas de funcionarios, dependientes del Estado aunque sus nóminas sean sufragadas por la Generalitat.
En las secciones civiles, la introducción de medios informáticos y de grabación ha hecho que la necesidad de funcionarios sea "muy inferior", pese a lo cual "siguen estando ahí", ha dicho.
"¿Por qué no puedo destinarlos?", se pregunta el conseller de Justicia. "Yo les pago, yo quiero asumir esa responsabilidad seriamente y pido competencias para hacerlo", ha respondido.
Convencido de que esta reordenación también podría aplicarse a muchos juzgados de Violencia sobre la Mujer que se crearon, como se ha visto con el tiempo, con "plantillas sobredimensionadas", confía en que estas reformas se incorporen con la nueva Oficina Judicial.
En el marco de este proyecto de modernización estatal, apuesta también por reordenar el mapa judicial para que los partidos pequeños, que por su tamaño no disponen de "todos los servicios de calidad que se exige", se integren en circunscripciones "más grandes y con plenos servicios".
Ése podría ser -"por ejemplo"- el caso del partido judicial de Mislata, que, a juicio de "muchos", debería integrarse en la circunscripción de Valencia para que los residentes de esta localidad vecina puedan tener "servicios de calidad".
Cabré justifica de este modo que la Generalitat haya paralizado 12 de las 16 sedes previstas en el plan de innovación Justiseu: "¿Me voy a poner a hacer gasto en una sede judicial que, a lo mejor, en el futuro, desaparece?".
En similares términos, explica que el Consell rechazara en junio la creación de 15 órganos judiciales aprobados por el Gobierno: "Si no sabemos aún hacia dónde vamos a ir de aquí a tres años con la nueva Oficina Judicial, no tiene sentido crear una nueva estructura con su juez, su secretario y sus funcionarios destinada a desaparecer".
El conseller también critica la falta de financiación por parte del Ejecutivo central, que transfiere 19.000 euros anuales a la Comunitat para cubrir el presupuesto del turno de oficio, servicio cuyo gasto real alcanza los 26 millones de euros, puntualiza.
Precisamente esa cantidad es la que se obtendría si el Estado cediera a esta autonomía las tasas que genera la justicia valenciana -18 millones de euros anuales- y los intereses derivados de los depósitos de consignación judicial -unos 8 millones-, "con el compromiso de que no fueran a parar a la caja única de la Generalitat, sino que fueran finalistas", aclara Cabré.
"Esos ingresos se están generando con un esfuerzo en inversiones por parte de la Generalitat -que cubre el 80% de los gastos de la justicia autonómica-, y lo lógico es que revierta en la Comunitat para poder seguir financiándolo", remarca.
A esta situación se suma la falta de jueces, que el conseller calcula en 70 si se quiere equiparar la media estatal, situada en 10,6 por cada 100.000 habitantes, un 0,8 más que la autonómica.
Con todo, admite que "los problemas de la justicia son centenarios", y confía en que la posible victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales devuelva a la justicia el "espíritu de los pactos aprobados durante el Gobierno de José María Aznar en esta materia".
Advierte, no obstante, de que no va a cambiar su "discurso" mientras sea conseller en la Comunitat, porque su deber es el de "defender la justicia valenciana". EFE
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