Justicia incorpora en el Anteproyecto de Agilización Procesal una medida de jueces de Valencia para agilizar desahucios

Magistrados piden que la norma también limite los recursos e incluya una tasa para presentar denuncias y querellas en materia Penal

 El Ministerio de Justicia ha incorporado en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal una medida propuesta por los jueces de Valencia que persigue agilizar los desahucios. El objetivo es extender el esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucios y reducir, así, los tiempos de lanzamiento a la mitad.

   Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en una rueda de prensa en la que ha hecho un repaso de las medidas propuestas por los magistrados de Valencia para reducir la litigiosidad, algunas de las cuales ya incorporó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe de 2009, y otras de ellas se han introducido en el Anteproyecto de Ley de Agilización.
   Una de las que han llegado hasta este anteproyecto es la de la extensión del esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucio. Esto recortará los tiempos y evitará que se celebren vistas en las que sólo acudían los demandantes, lo cual "es completamente inútil", ha apostillado Viguer.
   Con esta medida, el perjudicado podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino, y éste tendrá un plazo de 10 días para oponerse a la reclamación --lo que llevaría el caso a juicio--; pagar --se termina el asunto--; irse de la vivienda; o no decir nada --en este último caso, se dictará el lanzamiento sin pasar por juicio--.
   Viguer ha señalado que en la actualidad, para llegar a juicio, pueden pasar dos o tres meses, y desde que éste se celebra hasta que existe la ejecución, transcurre más tiempo. Con la nueva medida, los tiempos se reducirían a la mitad, ya que no habría que esperar esos dos o tres meses de señalamiento para juicio --a no ser que se opusiera a la reclamación--.
   Esta medida no se recogió en el informe del CGPJ, pero sí lo hace el Anteproyecto, que en su exposición de motivos señala que "se extiende el sistema de juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento.
   Asimismo, el Gobierno ha incorporado en esta normativa otras propuestas de los jueces valencianos. Una de ellas, relativas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, hace referencia a la introducción del criterio objetivo de vencimiento en materia de costas procesales. De esta manera, se dejarán de interponer muchos recursos.
   Otra de ellas ha sido la de elevar el límite cuantitativo de los asuntos no apelables de 18.000 a 30.000 euros, suprimir la posibilidad de recurso en determinadas materias como en el caso del régimen sancionador de los funcionarios públicos y limitar los recursos de apelación en ejecución de sentencia.
   En el orden Civil, el Anteproyecto incluye --a petición de los jueces de Valencia-- que se suprima el límite máximo del proceso monitorio fijado actualmente en 250.000 euros; y que se amplíe el límite cuantitativo mínimo para acceder al recurso de casación, que pasa de 150.000 a 800.000 euros --los magistrados proponían un aumento de 150.000 a 300.000 euros--.

ENMIENDAS DEL CGPJ

   El CGPJ también tiene intención de instar por vía de enmienda que se introduzcan en la normativa algunas propuestas de los jueces decanos en el orden Penal, como por ejemplo la limitación de los recursos durante la instrucción, suprimiendo los recursos de reforma, súplica y queja, y reservando el recurso de apelación para las resoluciones que acuerden medidas cautelares reales o personales, sobreseimiento, transformación o procesamiento, y en los casos previstos en la ley.
   Asimismo, solicitará que se suprima el recurso de apelación de sentencias absolutorias en juicios de faltas; que se incluya la Oficina de Presentaciones en las instancias judiciales --algo en lo que Valencia es pionera--; una regulación más completa del secreto de las actuaciones; y que exista una comparecencia inicial en las ejecutorias que permitan resolver todas las cuestiones penales y civiles, evitando peticiones y resoluciones sucesivas.

MEDIDAS EXCLUIDAS

   Además de estas medidas, los magistrados también han señalado otras que consideran "importantes" para reducir la litigosidad. Una de ellas --en materia Civil-- hace referencia a la tramitación de las separaciones de mutuo acuerdo sin hijos en los Juzgados de Paz; la limitación del número de testigos a tres; limitación del acceso al recurso de apelación por debajo de 3.000 euros y en asuntos que no producen efectos de cosa juzgada; y modificación del régimen de rebeldía procesal, que en supuestos de citación o emplazamiento efectivo debería equivaler a conformidad con los hechos.
   En el orden Penal, reclaman que se implante una tasa generalizada para la formulación de denuncias y querellas o, al menos, respecto de estas últimas las de carácter económico; que se limiten los recursos en las ejecutorias, especialmente los relativos a los plazos para el pago de responsabilidades pecuniarias; y también que se limiten los recursos en materia de suspensión y sustitución de penas.
   Además, solicitan que se regule una comparecencia o audiencia preliminar en los juicios orales penales para analizar las cuestiones previas y dar al acusado la oportunidad de conformase sin necesidad de citar a las partes, testigos y peritos, "evitando miles de citaciones innecesarias", ha puntualizado Viguer; y fomentar la "escasa" colaboración de las entidades públicas en materia de trabajos en beneficio de la comunidad.
   En materia Contencioso-Administrativa, reclaman que se estudie la posibilidad de arbitrar mecanismos que excluyan el acceso a la jurisdicción cuando se trate de sanciones de escasa cuantía, por ejemplo, multas de tráfico o de estacionamiento indebido. "Sería conveniente establecer una cuantía mínima para acceder al recurso, por ejemplo, por encima de 300 euros", ha dicho.
   Con todo, Viguer ha lamentado que el Anteproyecto es "insuficiente" porque recoge tan sólo una mínima parte de las 70 medidas propuestas por los jueces. Ha dirigido su crítica, fundamentalmente, a que la mayoría de las incorporaciones "benefician a la Audiencia y al Tribunal Supremo, cuando el mayor colapso se produce en los juzgados unipersonales". Solicita que se incluyan algunas medidas más de los magistrados.
Fuente: www.europapress.es