La institución fiscalizadora ha recomendado a la Conselleria de Justicia que abone las cantidades que adeuda a la mercantil "a la mayor brevedad"
La empresa encargada del mantenimiento y del servicio que prestan las fotocopiadoras instaladas en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana ha denunciado ante la Sindicatura de Greuges el impago del contrato suscrito con la Generalitat desde 2007, y que ascendía a 71.810 euros en 2009.
La institución fiscalizadora ha recomendado a la Conselleria de Justicia que abone las cantidades que adeuda a la mercantil "a la mayor brevedad", pese a que la Generalitat ha justificado el impago en su "falta de disponibilidad presupuestaria".
La empresa AGFA fue contratada por la Conselleria para prestar el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras y de fotocopias que se realizan con sus equipos de reproducción en los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico-forenses de la Comunitat Valenciana .
Según la queja que la compañía ha remitido al Síndic, José Cholbi, AGFA suscribió el contrato con la Conselleria de Justicia en mayo de 2005 y expiró a finales de 2007.
Pese a ello, la empresa ha seguido atendiendo el parque de máquinas existente, una actividad que había generado facturas por valor de 71.810 euros en abril de 2009, como resultado de aplicar "los mismos costes que se acordaron en la adjudicación".
Sin embargo, la Dirección General de Justicia y del Menor no ha abonado estos recibos y "las últimas noticias" que tiene la empresa son que "esos importes están fuera de presupuestos y que, cuando se pueda, se abonarán".
"La cantidad es importante y el retraso hace que, en estos momentos de crisis, nuestra empresa necesite recuperar el importe pendiente", apuntan desde AGFA.
Al respecto, la Conselleria de Justicia ha reconocido que las facturas reclamadas por la empresa proveedora corresponden a "servicios prestados de conformidad" que en la actualidad se encuentran "pendientes de pago".
La Conselleria únicamente ha pagado a AGFA -en junio de 2010- una factura emitida en octubre de 2007 por un importe de 2.549 euros, mientras que las demás "no han podido ser abonadas por falta de disponibilidad presupuestaria" ni tampoco prevé cuándo "será posible".
Al respecto, Cholbi ha censurado a la Conselleria por haber provocado un "empobrecimiento o sacrificio económico carente de justificación" para la mercantil al no haberle abonado su prestación.
No en vano, el Síndic sitúa este caso dentro del "ámbito propio de la doctrina del enriquecimiento injusto", ya que la provisión de fotocopias "en beneficio de un interés general" responsabilidad de una Administración pública ha generado "un injustificado desequilibrio patrimonial en perjuicio" de la compañía.
También ha incidido en que "el servicio contratado con la empresa se ha realizado en beneficio de la Conselleria" sin que ésta haya "opuesto reparo alguno en cuanto a la insuficiente calidad o deficiencia del trabajo desarrollado".
Por todo ello, la Sindicatura de Greuges ha recomendado a la Conselleria de Justicia que "a la mayor brevedad y previos los trámites legales oportunos, se proceda al pago de las cantidades adeudas a la mercantil", junto a los intereses que se hayan generado.
Fuente: www.lasprovincias.es
Fuente: www.lasprovincias.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario