Un juzgado de Valencia acumula 33 órdenes de protección sin ejecutar por falta de personal

La juez ha perdido a seis de los siete funcionarios que tenía para tramitar las condenas de violencia machista.

El juzgado de lo Penal número 14 de Valencia acumula 33 órdenes de protección sin ejecutar tras haber perdido a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes judiciales. La juez y la secretaria se han visto obligadas a limitar a tres horas el horario de atención al público tras fracasar en sus intentos de que la Conselleria de Justicia mantega al completo la plantilla. El juzgado es uno de los cuatro de Valencia dedicados en exclusiva a tramitar la ejecución de las condenas. La situación ha llegado a tal extremo que actualmente hay paralizadas 2.450 condenas y 200 casos -entre ellos los 33 de violencia machista- ni siquiera se han incoado (no se ha iniciado ningún trámite).
Las responsables del juzgado están preocupadas por la posible desprotección de las víctimas de violencia machista y han advertido sin éxito a la Conselleria de Justicia de que a pesar de que no pretenden "alarmar" podría repetirse el caso Mari Luz (la niña asesinada por un pederasta condenado que seguía libre).
Todos los juzgados de ejecutorias de Valencia cuentan con 27 funcionarios salvo el número 14 ya que nació con una plantilla de 9 porque estaba destinado a ser un órgano judicial normal. Hasta hace un mes tenía 24 funcionarios, 9 fijos y 15 interinos. La Conselleria de Justicia informó a la juez y a la secretaria que a partir del 30 de junio iban a perder a siete interinos porque no había presupuesto para pagar a más. La situación actual, que se ha visto agravada por las vacaciones, es que sólo hay seis funcionarios trabajando.
La magistrada tiene actualmente en trámite 5.753 condenas. Algunas causas son de sentenciados que tienen pendiente el ingreso en prisión con penas de hasta cinco años y otras de condenados por abusos a menores en la calle. Fuentes de la Ciudad de la Justicia precisaron que casi la mitad de las condenas "están absolutamente paradas" porque el jugado no da abasto, aunque aseguraron que las más graves sí se están ejecutando.
El juzgado mantenía hasta hace tres semanas al día la tramitación de las órdenes de protección y la ejecución de las condenas de los maltratadores porque son prioritarias. Sin embargo, los funcionarios ya no pueden atender el trabajo diario tras el último recorte de personal. La consecuencia directa es que el juzgado de lo Penal número 14 no ha comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los treinta y tres casos con condena firme de violencia machista para que la policía adopte las medidas de protección a las víctimas y para que los sentenciados comiencen a cumplir su pena. Las responsables del juzgado confían en que continúen en vigor las medidas provisionales de tutela a la víctimas que debió adoptar el juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero no tienen la certeza de que esté garantizada su seguridad.

Un centenar de penas de tráfico
El problema también es preocupante en el caso de las condenas por delitos contra la seguridad del tráfico. Hay un centenar de penas contra conductores sin ejecutar. "Son personas que tienen el carné retirado y que siguen conduciendo", advirtieron las mismas fuentes. El juzgado tampoco ha iniciado la investigación patrimonial de los condenados para que hagan frente al pago de las indemnizaciones.
La magistrada y secretaria del juzgado han denunciado la situación ante el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y el Defensor del Pueblo. La juez comunicó hace una semana por escrito a la sala de gobierno del TSJ que se había visto obligada a limitar el horario de atención al público a tres horas diarias -de 10.00 a 13.00 horas- para que los funcionarios puedan hacer frente a la ejecución de sentencias. En el escrito (que también fue remitido al decano del Colegio de Abogados) insistió en "la alarmante situación que atraviesa el juzgado, que exige la adopción de medidas de carácter urgente".
Fuente: www.levante-emv.com