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lunes, 15 de junio de 2009

La Agencia Española de Protección de Datos, abre procedimiento a un juzgado de Alzira y a Conselleria por la aparición de documentos en la calle


La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un procedimiento a un juzgado de Alzira (Valencia) y a la Conselleria de Justicia de la Generalitat por la aparición de documentos en la calle, tras las actuaciones de investigación llevadas a cabo en los últimos meses a raíz de una información emitida en un medio de comunicación, según informó la entidad en un comunicado.
La AEPD ha podido acreditar que la información hallada "ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública". Los documentos incluían nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones, fotocopias de sus documentos de identidad o sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento, entre otros.
Por este motivo, se han iniciado procedimientos de declaración de infracción contra un juzgado de Alzira por una presunta vulneración del deber de secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), al haberse acreditado que los documentos "se encontraban al alcance de terceros en la vía pública", y contra la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana por presunta vulneración de medidas de seguridad, al ser la administración competente en la dotación de los medios materiales y técnicos y responsables de implementar las medidas de seguridad en los juzgados.
La AEPD también ha abierto procedimientos de declaración de infracción a otros tres juzgados, en Barcelona (Igualada), Madrid y Sevilla y a la Audiencia Provincial de A Coruña. Además, han sido objeto de apertura de procedimientos de declaración de infracción las Consejerías de Justicia de Andalucía y Galicia, por presunta vulneración de las medidas de seguridad.
Tanto juzgados como las administraciones cuentan ahora con un plazo para formular alegaciones o presentar pruebas, antes de que recaiga una resolución de declaración de infracción de las administraciones públicas.

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