Los 23 nuevos órganos judiciales aprobados por el Gobierno no empezarán su actividad hasta 2010
Los juzgados de la Comunitat no dan abasto. El colapso es total lo que está obligando a señalar vistas para el año que viene. El caso más sangrante es el de Dénia, donde los juicios se están fijando ya para 2010. En Alzira, se señalan para ocho meses después de la interposición de la demanda y en el partido judicial de Llíria el retraso alcanza los dos meses. Esta es la radiografía de la situación diaria de la justicia en la Comunitat Valenciana mientras el Gobierno retrasa la puesta en marcha de los 23 nuevos órganos judiciales aprobados.
El problema es que no será hasta finales del próximo mes de diciembre cuando entren en funcionamiento. Así consta en la circular que la Conselleria de Justicia ha recibido desde Madrid. Y ello pese al evidente desbordamiento de los juzgados existentes. "La medida del Ministerio es injusta y causa un verdadero desastre, dadas las circunstancias que atravesamos actualmente por la crisis económica, que ha derivado en un incremento de casos en todos los juzgados", lamentó ayer la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.
Todos los nuevos órganos entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre, salvo los mercantiles. El 1 de abril se creará el juzgado de lo Mercantil número 3 en Valencia. Para otra dependencia judicial solicitada por la Generalitat en Elche, todavía no existe fecha.
En opinión de la consellera, que de forma inmediata sólo entre en funcionamiento el juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia responde a "una operación de maquillaje por parte del Gobierno, supuestamente para atender la crisis, ya que no son sólo este tipo de juzgados los que van a dar solución a este problema". Y es que la situación económica también ha hecho aumentar la delincuencia, con lo que también se ha detectado un aumento notable en los asuntos penales.
El colapso no se debe sólo al incremento de asuntos por la coyuntura económica. También lo agudiza la "situación de inferioridad en la que se encuentra la Comunitat Valenciana en cuanto al número de jueces, con un ratio de 8,9 por cada 100.000 habitantes, cuando la media en España es superior a los 10 magistrados", apuntó Sánchez de León.
Las cifras que maneja la Conselleria evidencian la saturación que están sufriendo los juzgados valencianos, que no cesará hasta 2010 con el arranque de los 23 órganos judiciales prometidos. El hecho de que los nuevas dependencias todavía no estén operativas significa que las existentes soportarán excesos de más de 22.500 asuntos. Un ejemplo claro es el de los juzgados penales de Valencia. Al no haberse creado aún los de Paterna, Sagunto y Torrent, sufren una sobrecarga de 1.600 asuntos.
Otro caso en el que se notaría un considerable alivio es en los tres juzgados de Requena, que cubren tanto el ámbito civil como el penal. Con la creación de un cuarto, la media anual de asuntos se reduciría de 4.490 a 3.368, es decir más de un millar.
En los juzgados de lo Penal de Valencia especializados en ejecutorias, la carga anual media de trabajo se sitúa en 5.300 diligencias, lo que casi duplica la ratio adecuada que establece el Consejo General del Poder Judicial, fijado en 2.655. El nuevo juzgado de lo Penal 16 previsto por el Ministerio de Justicia rebajará la cifra, al extender su jurisdicción a los partidos de Requena, Sueca, Mislata y Quart de Poblet.
Ante este colapso "real" que está obligando a señalar juicios para 2010, la petición por parte de la Conselleria es clara: que el Ministerio aplique una planificación para la entrada de los 23 juzgados concedidos.
Prioridad según las necesidades
"Lo ideal sería llegar a un acuerdo con el Gobierno para que a lo largo del primer y segundo semestre de este año se diera prioridad a algunos órganos nuevos según la situación real de cada partido judicial", consideró la responsable autonómica de Justicia.
Sánchez de León recordó que la Conselleria asume el 80% del coste de los nuevos juzgados, con lo que el Gobierno sólo financia el 20% restante, otro motivo por el que apremia a la Administración central en la creación de las nuevas oficinas judiciales.
La semana pasada se cumplió un mes de la histórica huelga secundada por los togados, en la que exigían más medios ante la sobrecarga de trabajo. Sánchez de León se mostró "sorprendida de que la primera medida del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sea aplazar los juzgados previstos para el último día del año".
Además de los juzgados, el Gobierno ha aprobado ocho plazas de magistrado para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón, que también se demoran hasta finales de año. El aumento de trabajo, tanto en civil como en penal, está repercutiendo en los órganos de segunda instancia.
Fuente: www.lasprovincias.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario