Diario de Noticias, 5 Nov. 2008, Editorial LA LEY
La oposición lo califica de "escaso" y opina que con esta partida "poco se va a poder hacer" en las nuevas sedes
Valencia.- La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció hoy que su departamento destinará un total de 4,5 millones de euros a la contratación de 155 personas para las 23 nuevas unidades judiciales autorizadas por el Gobierno central --de las 35 solicitadas por el Consell-- para el año 2009. Una partida que la oposición calificó de "escasa" y con la que, según dijeron, "poco se va a poder hacer" en las sedes.
Sánchez de León, que se expresó de esta manera en la Comisión de Justicia de las Corts, durante su comparecencia para exponer los presupuestos para 2009 de su departamento, resaltó que en los presupuestos se incluyen 4.182.327 euros para la creación de 143 puestos de trabajo en los 19 nuevos órganos que entrarán en funcionamiento el 30 de diciembre de este año; y otros 4,5 millones para 155 contratos generados para las 23 unidades judiciales de 2009.
Asimismo, hizo hincapié en la inversión de su departamento para la justicia juvenil y la prevención de la violencia, que asciende a 40.772.590 euros, lo que supone un incremento del 14,03 por ciento. De ellos, dijo que 34 millones de euros se destinarán a la gestión de los seis centros de menores de reeducación, el último de ellos puesto en marcha recientemente en Picassent (Valencia); al mantenimiento de los centros mujer víctima de la violencia; y a otras iniciativas como el teléfono 900 de atención 24 horas, o el servicio de telealarma.
En este orden de asuntos, avanzó que se destinarán otros 4,2 millones a las transferencias corrientes, de los que 2,2 se dedicarán a la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto impuesta a los menores, al programa de apoyo para su inserción laboral. Los otros dos millones, aseveró, servirán para atender la Red de 44 Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, y la de 15 Puntos de Encuentro Familiar; así como para el nuevo proyecto de puesta en marcha de un teléfono gratuito y permanente para atender a la víctima de un acto delictivo cualquiera que sea su naturaleza.
Además, resaltó que ha incluido en el presupuesto los posibles costes que supondría las retribuciones de personal de la nueva Oficina Judicial, puesto que "parece" que el Ministerio de Justicia "se ha decidido a iniciar las reformas procesales oportunas para su impulso definitivo", a pesar de que hace ya más de cinco años de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Junto a ello, anunció la creación de plazas de psicólogos y trabajadores sociales, con destino en los equipos técnicos de menores y de familia, para realizar informes en los procesos de responsabilidad penal del menor.
Ante estas cifras, la diputada del grupo socialista Josefa Andrés y el diputado de Compromís Enric Morera aseguraron que estos presupuestos son "poco transparentes" y "escasos". En concreto, Andrés se refirió a la poca partida destinada a los 23 nuevos órganos judiciales, y mostró sus dudas a cerca de que su puesta en marcha "por la falta de liquidez que tiene esta conselleria". Así, estimó que "poco se va a poder hacer" con estas partidas para crear nuevos órganos y, de esta manera, poder mejorar la justicia en la Comunitat.
En este sentido, Morera lamentó que del total del presupuesto con el que cuenta esta conselleria, que asciende para 2009 a 328,2 millones de euros, la "única inversión real" sean 34 millones, puesto que el resto "se destina a gasto ordinario". Y de esta partida, lamentó que "no se concretan los 17 millones de euros destinados a la construcción de edificios; o los tres millones para reforma de otros". Son, a su juicio, unos presupuestos "que continúan a la deriva de gasto sin control, ocultistas y que no indican nada".
ADMINISTRACION Y MODERNIZACION
Por otro lado, Sánchez de León se refirió a la otra rama de su departamento, la de Administración Pública y Modernización, y destacó que uno de sus objetivos era el de proponer un nuevo escenario formativo mediante la participación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) para renovar la manera en la que se demanda, se exige y se imparte la formación de los empleados públicos. Sobre este asunto, Morera destacó que los jueces "se quejan de la poca cualificación del personal".
Asimismo, la consellera resaltó los cerca de los 500.000 eruos que se van a destinar al Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica, para fomentar la firma electrónica; la puesta en marcha del Sistema Interactivo Multicanal de Atención al Ciudadano (Simac); o la extensión de la Red de Comunicaciones y Emergencias y Seguridad (Comdes); el mantenimiento y expansión de los edificios PROP; o la aportación de 860.000 euros para el evento tecnológico Campus Party.
También resaltó la ayuda de 500.000 euros para la inmersión tecnológica de los ayuntamientos de la Comunitat; y otros 200.000 euros para ayudas dirigidas a personas con minusvalía para la adquisión o adaptación de equipos informáticos a sus necesidades, y a las asociaciones representantes de estos colectivos. En este aspecto, tanto Andrés como Morera tildaron de "ridículo" esta cantidad presupuestaria, puesto que sale a unos 2.000 euros por asociación.
En general, en cuanto a modernización, Andrés lamentó que "poco se hace", puesto que "hay muchos proyectos pero poco presupuesto", y, de hecho, dijo, "se disminuye la inversión a la Campus Party y no se nombra nada de los fondos Feder aportados por el Estado".
Sin embargo, el diputado popular José Vicente Queralt se mostró en desacuerdo con estas dos últimas opiniones, y resaltó el aumento de estos presupuestos en cuanto a personal y en programas juveniles y de prevención de la violencia, por ser esta conselleria "especialmente sensible con los más débiles y con las víctimas del delito de la violencia de género".
También destacó la inversión en proyectos de modernización, como en la firma electrónica, en la expansión al TDT o la accesibilidad a asociaciones de discapacitados; así como que, en general, cada día se destinen 657.000 euros para mejorar el servicio público de la Justicia, casi 112.000 para prevenir la violencia y 66.000 para el fomento de la sociedad de la información. Informó Europa Press.
Fuente: diariodenoticias.laley.es
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