La Comunitat, la segunda de España con más atasco judicial por las 40.000 sentencias sin ejecutar

El Poder Judicial alerta de que los jueces valencianos soportan más del doble del trabajo recomendable


El atasco de sentencias pendientes de ejecutar en la Comunitat Valenciana -casi 40.000 en toda la región, como ya informó en exclusiva LAS PROVINCIAS a finales de abril- llevó al Consejo General del Poder Judicial a extender a Valencia (y a otras provincias con órganos especializados en ejecutorias) la inspección inicialmente planteada únicamente para Madrid. Y el informe del CGPJ ya tiene diagnóstico sobre el nivel de colapso en la Comunitat: la región ocupa el segundo lugar en cuanto al número de ejecuciones atrasadas.El análisis judicial se refiere al conjunto nacional, aunque con especial atención a las provincias en las que existen órganos especializados: Valencia, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián. Es en estos juzgados donde se registra el mayor atasco de ejecuciones pendientes sobre delitos penados con hasta cinco años de prisión (de los que se ocupan los órganos penales), aunque no por ello generan menos alarma social, como los malos tratos, conducción imprudente, traficantes de droga o el uso pornográfico de menor edad.De las algo más de 269.000 resoluciones que quedaron atascadas en los juzgados de ejecutorias de toda España durante 2007, 39.868 pertenecen a los órganos penales de la Comunitat. Por delante se sitúa Cataluña, con 56.582 resoluciones por aplicarse. Madrid ocupa el tercer lugar de colapso (37.746 sentencias), después las Islas Baleares (10.127) y el País Vasco (7.571)."La carga de trabajo que soportan los juzgados penales de ejecutorias durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos", tal y como señala el informe del Poder Judicial. Una sobrecarga que es especialmente grave en Valencia, donde se supera casi en el doble (99,62%) la cifra máxima de asuntos considerada óptima por el CGPJ.El porcentaje justifica las continuas quejas lanzadas en las últimas semanas por el presidente del Tribunal Superior de la Comunitat, el conseller de Justicia o los jueces penales y de instrucción, entre otras muchas voces del mundo jurídico.Y es que, el 99% de Valencia se sitúa muy por encima del 82,30% que se registra en Palma de Mallorca, el 80% de Bilbao, el 52,24% de Barcelona, el 21% de Madrid o el 4,10% de San Sebastián.A nivel de Valencia, el informe del Poder Judicial destaca como uno de los escasos datos positivos que el número de asuntos pendientes en los tres juzgados dedicados únicamente a las ejecutorias en la provincia se ha reducido un 21% en el último trienio. Sin embargo, el estudio no detalla otro dato. Como ya informó LAS PROVINCIAS, teniendo en cuenta el conjunto de resoluciones pendientes de ser ejecutadas en toda la región, la cifra se ha duplicado desde 2004, cuando las ejecuciones atascadas eran casi 20.000, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.Como reconocen los propios inspectores a nivel de toda España, el número de sentencias pendientes de ejecutar "se encuentra lejano de lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados".El Poder Judicial también responde a las últimas y múltiples voces que desde el mundo jurídico han reclamado un mayor uso de las nuevas tecnologías en la justicia. De "necesaria e imperiosa" califica el servicio de Inspección del CGPJ la "significativa" carencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos. Una ausencia tecnológica que incide "de manera muy negativa" en el funcionamiento de estos juzgados.El sistema debería contar, según el Consejo General, con una "serie de alarmas que generasen aviso automáticamente" en caso de producirse determinadas situaciones, como la prescripción de una orden de busca y captura o el incumplimiento de pago de multas impuestas por los tribunales.En su informe, el CGPJ subraya que lleva reclamando la instauración de este sistema informático desde 2005, por el momento sin respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia, competente para la creación del mismo.El estudio resalta que la aplicación serviría también para la obtención de estadísticas y listados de trabajo, así como la sustitución de libros de registro, "que actualmente se siguen llevando de forma manual en los juzgados", como lamenta el Consejo del Poder Judicial.Como el resto de juzgados penales de ejecutorias, los órganos de Valencia han recibido numerosas medidas de apoyo desde 2004. Sin embargo, el propio Poder Judicial califica de "insuficientes" estas medidas, aunque en sus conclusiones únicamente sugiere "mantener esas medidas". Eso sí, el informe anuncia el inicio de un estudio sobre las "concretas necesidades de planta" de Valencia, es decir, la posible creación de nuevos juzgados.Tras el informe del CGPJ, el padre de Mari Luz, la pequeña asesinada en Huelva, consideró que "tarde" para su hija y su familia, pero reconoció que "al fin parece que la justicia está reaccionando".Posición de la conselleria Desde la Generalitat señalaron que comparten "plenamente" la reivindicación de un sistema informático por parte del Poder Judicial. El conseller de Justicia recordó que es una reivindicación que llevan planteando desde hace años y que pretender trasladar al ministro de Justicia "si tiene a bien recibirme algún día", reiteró Fernando de Rosa.El conseller mostró su esperanza de que el Ministerio implante de una vez la tecnología "porque ahora no pueden decir que es la reivindicación de un gobierno autonómico del Partido Popular, sino que ahora se trata del órgano de gobierno de los jueces".Acerca del exceso de funcionarios interinos en los juzgados penales, otro de los problemas que destaca el informe, De Rosa recordó que pretende solicitar al ministro la convocatoria anual de oposiciones para estas plazas y que el Consell ha duplicado en cinco años (de 48 a 79) el número de funcionarios dedicados a las ejecutorias.