Los jueces procesaron por corrupción a 1.378 cargos públicos desde julio 2015, 399 fueron condenados

Por número de procedimientos lidera el ranking Andalucía (21 procesos), y le siguen Valencia (20) , Cataluña (27) y Castilla-La Mancha (15). La Audiencia Nacional mantiene abiertos 11 procedimientos por corrupción en el mismo periodo.

Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos entre julio de 2015 y septiembre de 2016. Las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas, según el estudio presentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según los datos facilitados por el CGPJ, los 1.378 procesados lo fueron en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales finalmente terminaron en sentencia 99 y, de ellos, el 72,7% incluyeron condenas para algunos de los implicados.
399 personas fueron condenadas, por sentencia firme, por delitos de malversación o cohecho, entre otros relacionados con la corrupción. A ello se suma que son 87 los presos por este tipo de conductas: 82 penados y 5 en prisión preventiva.

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Los casos de corrupción y delitos económicos colapsan los juzgados de Valencia

Los juzgados de Instrucción de Valencia tramitan 42 causas complejas, ante la proliferación de delitos de naturaleza económica y contra la Administración pública (relacionados con la corrupción), que "no tiene parangón en toda España" y que conlleva "un arduo e intenso trabajo judicial".
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, quien ha informado de que esta situación ha llevado a adoptar medidas para evitar el "colapso" de los juzgados, como el reparto "equitativo" de las causas complejas provenientes de la Fiscalía Anticorrupción, y jueces de refuerzo en los juzgados en los que coinciden varias causas.
En esta situación, ha indicado Viguer, se encuentran los juzgados de instrucción número 15, el número 18, el 21 y hasta hace unos meses el número 12.

El decano ha señalado asimismo que estos refuerzos van a continuar, para una mayor agilización de las causas y posibilitar al juez titular que dedique la mayor parte de su tiempo a la tramitación de estas causas complejas, y ha precisado que cabe la posibilidad de que nuevos juzgados soliciten también refuerzos.
Viguer ha trasladado también la demanda que reclaman más del 86 % de los jueces, particularmente los de Valencia, de la creación de un cuerpo de peritos contables, expertos económicos a disposición de los jueces, ya que "cada vez las causas son más complejas, son más los delitos relacionados con la corrupción y tramas complejas de delitos relacionados con la hacienda pública o la administración pública".
Los jueces, piden la ayuda de peritos expertos contables, "independientes y neutrales", integrados en un cuerpo a disposición de los jueces, "o cuando menos facilitar su designación" ante los problemas a la hora de designar peritos cualificados en materia económica.
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Los tres juzgados de lo Mercantil de Valencia han estado bajo sospecha

La adjudicación arbitraria de concursos de acreedores y actividades sin permiso del Poder Judicial, entre los asuntos denunciados

La provincia de Valencia tiene tres Juzgados de lo Mercantil y desde 2011 un juez titular de cada uno de ellos ha sido investigado por presuntas irregularidades. El último está siendo Salvador Vilata, al frente del Mercantil 1, acusado de declarar y adjudicar siete concursos, aprovechando un permiso del juez de refuerzo al que le correspondía hacerlo.
También se le acusa de tomar medidas consideradas cuestionables para agilizar procesos como la liquidación del grupo Ros Casares, compuesto por casi una treintena de sociedades, y de nombrar un administrador que no tendría la suficiente experiencia para el concurso de la mercantil Nuespri, que generó unos honorarios de 100.000 euros.
Anteriormente, el juez Fernando Presencia, titular hasta 2012 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, fue sancionado por falta muy grave al codirigir unas jornadas formativas junto a Vilata sin haber solicitado permiso al Poder Judicial. La condena significó su traslado forzoso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo).
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Elx: Rafael Blasco pierde su sitio de honor en la Ciudad de la Justicia

Recibimiento a Blasco en Elx

Conselleria asume la petición del alcalde y ordena retirar la placa con el nombre del exconseller, que está en prisión.

El lugar que ocupaba la placa conmemorativa de la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Elche es ahora un trozo de pared vacío en el que aún quedan cuatro tornillos. Son los que hasta ayer sujetaban una placa que recordaba al «honorable senyor conseller de Solidaritat i Ciutadania Rafael Blasco Castany» que la Dirección General de Justicia ha ordenado retirar a petición del alcalde de Elche, Carlos González. El regidor entendía que no correspondía un reconocimiento de este tipo al exconseller, que se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para cargo público por delitos de malversación, prevaricación y falsedad en el ejercicio de su cargo.
La directora general, Mari Àngels Garcia Vidal, expuso que «se procederá a suprimir de los espacios públicos que dependen de la Dirección General de Justicia todas aquellas placas e inscripciones conmemorativas de actos inaugurales en los que participaran cargos públicos condenados por corrupción», como es el caso de Blasco.
Indigno
«No podemos permitir que los nombres de políticos corruptos condenados judicialmente presidan ningún edificio público y, especialmente, aquellos donde precisamente se juzgan comportamientos delictivos como los que les han llevado a terminar en prisión», añadió Garcia Vidal, destacando «la necesidad de perseguir este tipo de comportamientos indignos y de concienciar a la hora de prevenir, denunciar y erradicar las conductas delictivas e ilegítimas en todos los ámbitos.
Fuente: www.diarioinformacion.com

La Policía investiga una trama corrupta de jueces y administradores concursales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo policial adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de la investigación.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados administradores concursales de Luxender por el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de Togores.