El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) aprobó en su reunión del pasado 29 de mayo un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el
que hace una valoración “muy negativa” del texto legislativo y defiende
que al no superar el criterio de necesidad, se puede concluir que la
normativa “no está justificada”.
En el anteproyecto se detalla que el ciudadano podrá decidir si son
los procuradores o los funcionarios de la Administración de Justicia
quienes se ocupen de practicar los actos de comunicación, los embargos y
algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del
proceso. El procurador actuará bajo las órdenes del secretario judicial y
control judicial.
Así, la CNC considera “gravemente perjudicial” para la competencia el
Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
informado, por generar un “inusual daño” a la concurrencia a través de
la concesión de una reserva de actividad, “de forma innecesaria y
desproporcionada”, a un único colectivo profesional que, a su juicio,
además se encuentra sometido a “importantes restricciones a su acceso y
ejercicio”.
“Su contenido robustece el marco innecesario y desproporcionadamente
restrictivo de la competencia en la prestación de servicios de
representación procesal, al otorgar determinadas funciones
correspondientes a la esfera del secretario judicial en exclusiva a los
procuradores”, argumenta la CNC, al tiempo que indica que tampoco se
“aprecia justificación en aras de razón de interés general alguna”.
Para la CNC, el marco actual es “excepcional” en Europa, el cual
insta a “modificar urgentemente, procediendo a la liberalización del
servicio de procura”, lo que implica eliminar la “obligatoriedad” de la
representación procesal, analizar el sometimiento de dicha actividad a
colegiación, facilitar el acceso académico-formativo a la profesión y
eliminar el arancel como mecanismo de retribución.
CONTRA LA EXCLUSIVIDAD
La CNC recomienda que se dé a conocer la “razón” por la cual tanto
ciudadanos como empresas con capacidad jurídica “no pueden representarse
así mismos ante la Administración de Justicia” y el por qué de que se
limite la realización de dicha labor a los procuradores. “Cuando el
ciudadano o empresa prefiera ser representado, debería poder elegir en
España entre numerosos profesionales de diversos colectivos”, sostiene.
En su opinión, la posibilidad de representarse sin intermediarios
“permitiría reducir costes y favorecería la competencia”, así como
reducir cargas administrativas de particulares y empresas, fomentar la
competencia y la creación de empleo y evitar fragmentaciones del
mercado”. “Se debería eliminar la representación procesal obligatoria”,
señala.
Por último, Competencia considera que “resulta obvio” que con la
nueva normativa se genera un “mercado privado de servicios” que pasarán a
poder prestar en “exclusiva” los procuradores, con “reducida
competencia geográfica y en precios”, estando además “vedados” al resto
de profesionales “técnicamente capacitados” para realizar estas tareas.
Fuente: www.abogacia.es
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