Alicante dobla el personal y Valencia recibirá dos nuevos profesionales para realizar informes sobre las parejas y sus hijos
El refuerzo llega tarde, pero llega. El incremento de personal en los gabinetes psicosociales se produce casi un año después de que los jueces de familia comenzaran a reclamarlo ante la carga de trabajo. Las demandas se iniciaron cuando lo de la custodia compartida era todavía un proyecto del programa del Partido Popular sin estar claro que finalmente diera el salto a les Corts. La llegada de más psicólogos se produce en un momento clave, una semana más tarde de la aprobación de la ley de custodia compartida, un cambio normativo que augura a medio plazo un incremento del trabajo por la petición de modificación de medidas. Aun así, hasta la fecha, la repercusión en los juzgados ha sido residual.
Justicia, tras recibir el visto bueno de Economía, incrementará el personal en Valencia y Alicante. En esta última plaza, llegará un psicólogo coordinador de equipos y un asistente social. En Valencia, se incorporarán dos psicólogos, según informaron fuentes de la Conselleria de Justicia, que ahora gestiona Rafael Blasco.
El problema había desatado las críticas de abogados e incluso de los propios jueces de familia. Las reivindicaciones habían llegado incluso a la Sala de Gobierno del TSJ que, en su última reunión, instó una vez más a la Generalitat a que realizara un esfuerzo en este sentido.
Los gabinetes psicosociales constituyen una herramienta esencial dentro del proceso en el que el juez establece el régimen de visitas en una ruptura con hijos. Hasta tal punto que algunos abogados consideran que prácticamente es definitivo a la hora de decantar la decisión. Hasta la fecha, el incremento de trabajo había causado una demora considerable en el resultado de las evaluaciones. La media de un informe había pasado de dos o tres meses a los ocho y nueve actuales. Y esto ha llevado incluso a la suspensión de juicios.
El refuerzo, aunque escaso, paliará en cierta medida el problema. La ley de custodia compartida entró en vigor el 5 de mayo no sin algo de polémica por la disputa interna dentro del propio grupo popular.
Además de con la sospecha, por parte de ciertos sectores de que puede ser inconstitucional al legislar el parlamento autonómico sobre derecho civil. El Colegio de Abogados incluso ha encargado un dictamen al respecto. Los letrados tampoco están muy de acuerdo con que la Conselleria de Gobernación no incluyera ninguna de las recomendaciones que les hizo llegar la institución colegial.
Entre los magistrados y fiscales tampoco existe unanimidad a la hora de poner en valor la nueva normativa. No se postulan en contra de la custodia compartida -puede ser beneficiosa en algunos casos- pero sí a que esta sea la premisa de partida, el criterio general para establecer las reglas de una ruptura.
Fuente: www.lasprovincias.es
