“Vamos a sustituir el DNI que aparece en la firma electrónica de los
jueces por un número profesional, que en Europa llaman certificado
profesional. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lleva trabajando sobre ello desde hace varias semanas porque así se lo solicitamos”, afirma la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés.
“Cuando esté, se aplicará a jueces, fiscales y personal al servicio de
la Administración de Justicia, entre los que se incluyen los letrados.
También se suprimirá el correo electrónico profesional”.
“Ya estábamos en ello, por la sensibilidad que este Ministerio
siempre ha tenido hacia esto tipo de asuntos, pero no hay nada
irregular en el hecho de que figure el DNI en la firma electrónica de
jueces y magistrados”, añade la número 2 del Ministerio de Justicia.
Sánchez-Cortés sale así al paso de la denuncia que la Junta de Jueces de Guadalajara, con su decano –Jesús Villegas–
a la cabeza, ha interpuesto contra el Ministerio de Justicia ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una supuesta
vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por incluir, la
tarjeta de la firma electrónica, tanto el DNI como el correo electrónico
profesional.
“El sistema que tenemos implantado rige con carácter general para
toda las Administraciones Públicas. Nace de la Ley de 2003. Es el más
estable porque incorpora todas las condiciones de interoperabilidad, y
porque cumple con la normativa europea y los requisitos técnicos
necesarios. Además, el DNI es un dato que no está especialmente
protegido, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 1999”,
explica Sánchez Cortés.
Sobre la citada denuncia, la secretaria de Estado de Justicia opina que se ha dirigido ante un órgano que no es competente.
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