Tanto la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Catastro, el Registro Civil, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal la Policía como la Dirección General de Tráfico han contestado de la misma forma al requerimiento del Juzgado de conocer el domicilio del fiscal: “No se permite realizar consultas sobre otros funcionarios judiciales”.
La reclamación de la procuradora es por un servicio profesional prestado al fiscal en un asunto privado en el que fue demandado.
La procuradora Pérez-Cabezos, después de que la demanda fuera admitida a trámite por el Juzgado de Pozuelo, presentó ante el citado órgano judicial una petición de averiguación patrimonial que comprendía la determinación de su dirección y sus propiedades, así como los depósitos que pudiera tener en cuentas bancarias.
El objetivo final de esa petición era el de solicitar el embargo telemático de sus cuentas corrientes o de cualquier otro tipo de bien a fin de cobrar su deuda.
Este tipo de gestiones es muy común en España y se realizan a través del Punto Neutro Judicial, que gestiona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual conecta los órganos judiciales con las instituciones citadas y los bancos.
Se hace diariamente en todos los Juzgados de España.
“La piedra angular de nuestro Estado de derecho es que todos somos iguales ante la ley, incluyendo al Fiscal que he demandado. Si es moroso sus datos tienen que aparecer, como los de cualquier ciudadano. No es, en absoluto, admisible la respuesta que todas esas instituciones han dado al Juzgado”, explica la procuradora Pérez-Cabezos.
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