Casi un mes después de la implantación del sistema, Cantabria, País
Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen sin poder cumplir con
el reglamento, y en otras se cumple con dificultades.
Poner fin al papel en los juzgados y tribunales. Este es, en
resumidas cuentas, el loable fin que repite casi como un mantra y
persigue desde hace tiempo el ministro Rafael Catalá, incluido en el
nuevo mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La fecha elegida para
su cumplimiento era el 1 de enero de 2016, pero lo cierto es que LexNet,
el sistema de comunicación electrónico ideado para que los
profesionales del Derecho se comuniquen de forma telemática, todavía
está muy lejos de permitir que el proyecto estrella de Justicia se
haga realidad.
El pasado mes de mayo arrancó el plan Justicia
Digital: Papel Cero, proyecto con el que el ministerio aspira a acortar
los plazos de los procedimientos judiciales, especialmente en los
sencillos, de algunos meses de duración. El nuevo texto establece la
obligatoriedad de que las comunicaciones y trámites entre los colectivos
jurídicos y las sedes judiciales se realicen a partir de enero de
manera electrónica en los órganos jurisdiccionales. El propio titular de
la cartera de hecho, ha dejado bien claro que el cambio "es una
obligación, no una opción", a pesar de que reconoció que probablemente
algunas CCAA no pudiesen adaptarse a tiempo.
Ahora, casi un mes
después de la implantación del nuevo sistema, Cantabria, País Vasco,
Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen sin poder cumplir con el
reglamento. Pero es que el resto del Mapa de las Comunicaciones Electrónicas que
dibuja la página web de la Administración Pública (en color verde),
dibuja un escenario un tanto optimista que, según la opinión de la
mayoría de expertos juristas, tampoco se ajusta a la realidad.
La petición de papel por parte de los juzgados que dependen del Ministerio de Justicia se ha incrementado un 30% para este 2016
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