La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas dio hoy el pistoletazo de salida al
proceso de implantación del nuevo modelo organizativo de la oficina
judicial en la administración de Justicia valenciana en aplicación de la
ley 13/2009, que nunca fue desarrollada en la Comunitat. Este complejo
proceso se desarrollará en dos fases a lo largo de 2016, al término del
cual un partido judicial aún pendiente de determinar deberá contar ya
con una nueva ofician totalmente operativa.
Ese fue el objetivo
de la reunión de la Comisión Jurídica Asesora de Seguimiento para la
Implantación de la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana,
que quedó así constituida esta tarde en la sede de la Conselleria bajo
la presidencia de la consellera Gabriela Bravo. Este órgano se encargará
de coordinar el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo,
asesorará a los técnicos de la Conselleria encargados de hacerlo e
impulsará los trabajos técnicos de las diferentes comisiones que será
necesario constituir en los próximos días.
La comisión recibirá
además todos los informes y propuestas que elaboren los grupos de
coordinación de cada partido judicial, y centralizará toda la
información relativa al proceso de implantación de la nueva ofician para
su posterior transmisión al resto de implicados en la materia.
En
2016, el despliegue de la nueva oficina judicial en la Comunitat
Valenciana se realizará en dos fases. En la primera, durante los seis
primeros meses del año, se intentarán implantar servicios comunes
generales (encargados de trámites como las notificaciones o los
embargos) en todos los partidos judiciales de la comunitat.
A lo
largo del segundo semestre de 2016, los esfuerzos se centrarán en la
implantación de los servicios comunes de ejecución Penal varios partidos
judiciales. Por último, la nueva oficina judicial deberá comenzar a
funcionar como prueba piloto en un partido judicial con un pequeño
número de órganos judiciales. Su posterior extensión a toda la
administración de Justicia valencia es ya proyecto de legislatura. Para
este proyecto, los presupuestos de la conselleria, pendientes de
aprobación definitiva por Les Corts, disponen de una partida específica
dotada con 2.800.000 euros.
Además de la consellera Bravo, son
miembros de esta comisión el secretario autonómico Ferran Puchades; la
directora general de Justicia, Àngels García Vidal, y el subdirector
general de Modernización, Francisco Cabo. Además, integran la comisión
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, Pilar de la Oliva; el fiscal superior, Antonio Montabes, y
el secretario de gobierno, José Miguel de Ángel.
El resto de los
miembros son el presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, Manuel
Durán; la presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores, Laura
Oliver; el presidente del Consejo Valenciano de Graduados Sociales,
Ricardo Gabaldón, y un representante de cada uno de los sindicatos con
representación en el cuerpo de funcionarios de la administración de
Justicia.
La Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva oficina judicial nunca fue desarrollada
en la Comunitat Valenciana. La Orden 16/2011 de la antigua Conselleria
de Justicia y Administraciones Públicas crea y diseña la estructura
necesaria para hacer posible la participación y coordinación de los
distintos actores en el proceso de implantación, pero las comisiones y
grupos creados en la misma nunca llegaron a constituirse.
Por este
motivo, la actual estructura de la oficina judicial es la misma del
siglo pasado. La rigidez de aquel diseño mantiene atomizadas las
plantillas de los órganos judiciales e impide la puesta en marcha de
formulas organizativas que permitirían optimizar los recursos. Así es
imposible garantizar una correcta respuesta judicial a los ciudadanos.
Fuente: www.justicia.gva.es
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