Los honorarios de los abogados no son los únicos que están bajo el escrutinio de las instituciones. En el caso de los procuradores españoles, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decida si sus aranceles se adaptan o no a la normativa comunitaria sobre competencia.
Llueve sobre mojado, porque no es la primera vez que una cuestión semejante se plantea como un asunto prejudicial ante el TJUE, pero en los casos anteriores no se llegó a pronunciar, ya que las partes en conflicto llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el problema de fondo vuelve a resucitar, esta vez a instancias de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El caso se refiere a una compañía que ha sido condenada a pagar las costas del proceso. Mientras que la factura del abogado ascendía a más de 52.000 euros, la del procurador superaba ligeramente los 8.000 euros. Al considerar que los honorarios eran desproporcionados, la empresa recurrió. La Audiencia recortó ambas cifras, dejándolas en 17.558 euros para el abogado y 2.793 euros para el procurador.
Los afectados por la rebaja han recurrido y, ahora, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE, ante de la duda de que puedan existir indicios de que el sistema de aranceles de este colectivo sea incompatible con la normativa europea sobre competencia.
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