El asalto al Registro Civil

El Registro Civil quedará privatizado el próximo 22 de julio. Ese es uno de los pocos datos que se puede afirmar con cierta firmeza de un proceso que el Gobierno ha convertido en un galimatías jurídico-administrativo y que ha rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas. Aún quedan muchas incógnitas por desvelar, pero ese día entra en vigor una ley que entrega a los registradores de la propiedad y mercantiles la gestión del archivo que almacena los datos personales de los españoles; es algo que ya no pueden evitar ni las manifestaciones celebradas este pasado sábado en varias ciudades españolas ni algunas iniciativas parlamentarias que, a la desesperada, impulsan grupos minoritarios.


El Registro Civil es un servicio público servido por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios. Desde 1896, todas sus actuaciones son gratuitas para los usuarios. La ley que regula su funcionamiento permanecía inalterada desde 1957 hasta que, en 2011, una reforma impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó su gestión para dar entrada a las administraciones autonómicas. Aquella norma, aprobada por todos los grupos parlamentarios incluido el PP, nació con una vacatio legis de cuatro años aprovechada por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy para desvirtuarla y favorecer la privatización del servicio.
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