La primera explicación del problema es obvia: el continuo goteo de destrucción de empresas valencianas a causa de la crisis. En 2007 había 165.000 inscritas en la Seguridad Social en toda la región. El año pasado acabó con 129.000. Esa diferencia de 36.000 mercantiles es, en buena medida, heredera del hundimiento de la economía desde 2008.
La segunda razón es que, en opinión de Viguer y de muchos de los que trabajan en los juzgados mercantiles, en Valencia «no ha habido un refuerzo de personal proporcional a lo que se nos ha venido encima». «Y no sólo de jueces, tampoco de funcionarios o estanterías», estima uno de los magistrados. «Hay cinco en los tres juzgados mercantiles de la provincia, pero esa inyección sigue siendo insuficiente para el volumen de faena que asumen».
Sobrecarga de asuntos
Las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo demuestran. La ratio de carga de asuntos marcada por la institución como asumible es de 336 al año por cada juzgado mercantil. Actualmente llegan algo más de 1.500 al cabo del año, es decir, tres veces más de lo considerado como soportable. De ahí la desesperación de los jueces y del resto de personas que trabajan junto a ellos en el departamento.
El decano también denuncia que la situación de Valencia es, en comparación territorial, «muy desajustada respecto a provincias como Madrid o Barcelona». La capital, por ejemplo, cuenta con 13 juzgados mercantiles. Barcelona tiene diez. «Y aquí estamos haciendo frente al aluvión de quiebras empresariales con tres juzgados mercantiles y cinco jueces. No se comprende».
Otras voces también ponen la alarma sobre la agónica situación de estos organismos judiciales. Un reciente informe estadístico de Jueces para la Democracia sitúa el juzgado de lo Mercantil numero 2 de Valencia como la sede judicial con mayor carga de trabajo de toda la Comunitat. Los magistrados mercantiles estiman que la provincia precisaría siete juzgados en vez de los tres existentes para dar salida al incremento de asuntos por los concursos de acreedores.
Otro problema añadido es el de la falta de espacio donde almacenar los voluminosos tomos de los asuntos. Las estanterías ya rebosan y los funcionarios aprovechan mesas, sillas y hasta el suelo para poder dejar las cajas con documentos. Caminar por los despachos sin tropezarse empieza a ser complicado.
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