La justicia a un golpe de clic está muy lejos de ser una
realidad en pleno siglo XXI, el de la revolución tecnológica. En el
tercer milenio, los expedientes de los juzgados de la Comunidad
Valenciana siguen viajando a través de los pasillos de los edificios
judiciales en un carrito de supermercado, lo que lastra el
funcionamiento de la justicia. En su itinerario de ida y vuelta, los
documentos pueden tardar hasta cinco días en recorrer escasos metros en
un mismo edificio como la Ciudad de la Justicia de Valencia.
La pasada semana, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
reclamaba medios materiales y personales para un mejor funcionamiento
de la justicia. “No todos tienen auténtico interés en que la justicia
sea rápida y eficaz”, reivindicaba en una entrevista concedida a EL PAÍS.
Pero las dificultades van más allá de contratar más personal o comprar
más ordenadores, si el principal problema no se resuelve: la
indefinición del modelo judicial y la incompatibilidad de los sistemas
informáticos.
El decano de los Juzgados de Valencia, Pedro Viguer,
recordaba esa reivindicación ya histórica en España. “Los juzgados y la
fiscalía no se hablan”, decía aludiendo a la incompatibilidad de las intranet (redes informáticas que utilizan la tecnología de internet) para compartir los archivos digitales.
De un lado, el sistema informático de la fiscalía, el Fortuny,
depende del Ministerio de Justicia y permite a todas las fiscalías
trabajar con el mismo registro, información y tramitación. No obstante,
este sistema es totalmente incompatible con el que utilizan las
comunidades autónomas que, por otro lado, también son incompatibles
entre sí. En el caso de la Comunidad Valenciana, el sistema informático Cicerone impide cualquier tipo de contacto con la Fiscalía de Valencia, que ocupa las mismas instalaciones en la Ciudad de la Justicia.
Todo ello lleva al absurdo de tener que comunicarse en papel, algo
obsoleto en la mayoría de las Administraciones públicas. Así, los
expedientes y resoluciones que salen de la Ciudad de la Justicia viajan
en valija judicial en otros medios de locomoción, pero los que se
reparten en el mismo edificio se quedaron en el invento de la rueda y se
trasladan por los pasillos en un carrito de supermercado que, se
supone, ha sido adquirido previamente (alguno de ellos aún lleva la
marca de un conocido establecimiento valenciano).
Si tenemos que trazar el itinerario de ida y vuelta que da una
sentencia desde que el juez la firma hasta que se la comunica al fiscal,
haremos un recorrido de varios días por los inmaculados pasillos de la
Ciudad de la Justicia de Valencia, un edificio inteligente con techos de
cristal inaugurado hace poco más de diez años.
Cuando un juez tiene que notificar una sentencia a un fiscal, es imposible que la remita por correo electrónico o por una intranet.
El funcionario deja este documento en la bandeja o estante del “papel
de salida” que se encuentra en su juzgado. Un agente judicial, hoy
llamado tramitador, lo recoge en su carrito y lo lleva al decanato. Allí
se clasifica en otra estantería (con más de 100 casilleros divididos
por juzgados, registros, fiscalía, etcétera). Otro funcionario del
decanato lo recoge del estante marcado como “Fiscalía” y lo lleva a las
oficinas de la Fiscalía de Valencia, que se encuentran ubicadas a unos
300 metros de distancia en línea recta y en la misma planta.
Un tramitador de la fiscalía lo clasifica de nuevo y lo reparte a las
mesas de los funcionaros de gestión. Éstos registran el documento y se
reparte en otro carrito por los despachos de los fiscales. En estos
momentos pueden haber pasado de tres a cinco días para que la sentencia
llegue a la mesa del fiscal que la solicitó.
Pero la documentación que sale de fiscalía también emprende el mismo
el viaje de vuelta. Cuando el fiscal despacha sus diligencias, las deja
en la bandeja de salida. El tramitador pasa con su carrito, las recoge y
las lleva a la mesa del gestor, que registra el documento de salida.
Este documento vuelve a viajar por los pasillos de la fiscalía hasta
llegar a las estanterías, donde se clasifica por juzgados. El tramitador
lo recoge de las estanterías y hace paquetes, según su destino, atados
con un cordel. Los paquetes se dejan en la estantería de salida hasta
que pasa el funcionario de decanato e inicia el camino de vuelta.
Cuando llega al decanato, en su correspondiente carrito de cuatro
ruedas, es de nuevo clasificado por juzgados en la estantería
correspondiente dispuesto para su reparto. El tramitador lo lleva de
nuevo en su carrito al juzgado para su archivo en el expediente.
“Seguimos utilizando el mismo sistema de reparto de papel que en el
siglo XIX”, se lamenta el decano de Valencia. Excepto las notificaciones
a los letrados a través de procurador, que utilizan un sistema
informático llamado LexNet, el resto de notificaciones de expedientes va en papel de mostrador en mostrador o por valija judicial de ciudad en ciudad.
Ello supone un gasto ingente en tinta, papel, horas de los
funcionarios instalaciones como el archivo de Riba-roja —antes estaba en
Moncada—, “donde lo que cabe en una nave de 200 metros lo podríamos
llevar en el bolsillo en un USB”, explica Pedro Viguer. El decano ponía
como ejemplo que, “En la época en que hacemos la declaración de renta
vía telemática, la justicia sigue comunicándose en papel porque no tiene
los medios con que cuenta la Agencia Tributaria”, lamenta el decano. De
hecho, añadía Viguer, “es difícil encontrar una Administración Pública
en peores condiciones que la de Justicia”.
A ello se añaden los 500 jueces de las últimas promociones que van
rodando por España sin un juzgado propio. Se trata de los llamados JAT
(jueces de adscripción territorial) que son destinados al refuerzo de
los juzgados porque no tienen destino definitivo. Con la excusa de la
crisis, se revocó la previsión de creación de nuevos juzgados aprobada
en 2009 por el Consejo General del Poder Judicial.
Crear nuevas plazas judiciales y dotarlas con funcionarios y material
vale dinero. Tal vez, se podría paliar esta situación de extrema
lentitud de la justicia, explican fuentes judiciales, “si se duplicaran
los juzgados con dos jueces y la misma plantilla, para desatascar la
mesa del juez”. Ello supondría comenzar a aplicar las reformas aprobadas
por Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003 para la nueva oficina
judicial, que sigue paralizada. La situación de tránsito actual, de
tener jueces de instancia sin un juzgado propio, denota una
“indefinición del modelo judicial que se quiere perpetuar”, añade Pedro
Viguer.
Fuente: www.elpais.com
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