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lunes, 24 de marzo de 2014

Los juzgados dejarán de recibir material de papelería si no pagan 300.000 euros

Los impagos siguen ahogando la gestión de la Generalitat Valenciana. La última empresa en decir basta es la que suministra sobres y carpetas, junto a otro tipo de material de papelería, a los juzgados de Valencia. Se trata de la mercantil Gráficas Tartessos, ubicada en Andalucía, que recientemente se ha plantado ante los impagos del Consell. El mensaje que envió al departamento autonómico que dirige Serafín Castellano, fue contundente: o pagáis o no hay más servicio. La paciencia de la mercantil parece haberse agotado porque supuestamente se trata de la única administración autonómica que incumple sus compromisos.
Al parecer, según fuentes cercanas a la compañía, la empresa tiene dos contratos con la Generalitat. Uno que afecta a sobres y carpetas y otro tipo de material y otro por el suministro relacionado con equipamiento informático. Los responsables de la empresa rechazaron ayer atender a LAS PROVINCIAS pese a las numerosas llamadas solicitando información al respecto.

Otras fuentes conocedoras del problema apuntaron a que la Generalitat debe unos 300.000 euros a la empresa. La amenaza de la sociedad ha obligado a la Conselleria de Justicia a mover ficha y ha comunicado su compromiso de efectuar un pago parcial de las cantidades adeudadas a lo largo de los próximos días. La cifra que se baraja sería un tercio del montante pendiente.
Fuentes sindicales consultadas por LAS PROVINCIAS comentaron que el problema de la escasez de sobres, lejos de lo que pudiera parecer, reviste cierta importancia. Se utilizan para enviar las notificaciones desde los juzgados y en algunos órganos como, por ejemplo, los de Social, cada día se envían cientos de comunicaciones. Los funcionarios de la Ciudad de la Justicia afirman que los sobres escasean y, en alguna ocasión, se ha tenido que posponer el envío de comunicaciones. Desde la conselleria explican, en cambio, que el servicio se restableció tras anunciar el compromiso de pagar un tercio.
Los impagos son constantes en la Administración valenciana, pero quizá con más frecuencia en el área de Justicia, un servicio que ningún Gobierno sitúa como esencial pese a que por diferentes motivos se considera que se encuentra al nivel de la Educación y la Sanidad. Los diferentes gobiernos nunca han compartido esta visión.
No es la primera vez que un impago lleva a una situación kafkiana. Ocurrió en 2011, cuando Correos decidió dejar de prestar el servicio ante una deuda de 30 millones de euros. Un sótano de la Ciudad de la Justicia de Valencia llegó a almacenar una tonelada y media de envíos procedentes de los juzgados. La deuda se remontaba a 2005, cuando la terrible crisis que sacude la Comunitat era inimaginable. La deuda se disparó entre 2007 y 2009. Correos amenazó y llegó a cortar el servicio a algunos juzgados. Finalmente lo extendió a todos. Fue entonces cuando la Generalitat reaccionó y fijó un plan de pagos para ir disminuyendo la deuda.
También los vigilantes de seguridad de las sedes judiciales ha sufrido retrasos en el pago de sus nóminas porque la Generalitat no abonaba la parte correspondiente a la empresa. Los tribunales llegaron a condenar a la Generalitat por este asunto.
La escasez de material y medios con los que cuentan los funcionarios de Justicia resulta alarmante. En algún tiempo, no demasiado lejano, el control sobre los folios era de tal envergadura que algún juzgado llegaba a quedarse sin material. Esto ahora ha mejorado. No obstante, «las grapadoras parecen de juguete y rara vez cumplen su función. Y los bolígrafos están contados», comentan desde el sindicato STAJ.
El sindicato CSI.F coincide en el análisis de la situación. Por ejemplo, muchos «edificios judiciales están enfermos por falta de mantenimiento, con deterioro de los equipos informáticos, de los ascensores, del aire acondicionado, de falta de iluminación adecuada e incluso de limpieza».
Las empresas contratadas para algunos de estos servicios, según el citado sindicato, tampoco se esmeran a veces lo necesario debido a las dificultades que tienen para cobrar de conselleria, añaden desde la organización.

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