Los datos del Poder Judicial sitúan la región como la que tiene más asuntos pendientes y mayor tasa de congestió.
No hay autonomía con una mayor judicialización de
la vida pública; o con ciudadanos más beligerantes ante los posibles
malos funcionamientos de la Administración; o con unos entes
administrativos capaces de más pifias o errores capaces de causar daños
indemnizables a la ciudadanía. Cualquiera de estas conclusiones es
factible tras analizar las estadísticas hechas públicas ayer por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de las que se extrae un
titular: no hay juzgados de lo contencioso administrativo en toda España
con mayor número de asuntos atascados que los de la Comunitat.
Los órganos judiciales de la región presentan la
mayor tasa de pendencia (relación entre casos pendientes y resueltos) y
la tasa de congestión más elevada del territorio. En el ámbito
contencioso-administrativo entran infinidad de asuntos, siempre con la
Administración como parte protagonista del proceso. Por ejemplo, multas
de tráfico, normativas de ordenación del territorio, sanciones
municipales o autonómicas, caídas en la vía pública, posibles daños en
pacientes por un supuesto mal funcionamiento del sistema sanitario...
siempre reclamaciones de los ciudadanos frente a la Administración del
Estado, autonómica, ayuntamientos y demás organismos públicos.
El número de asuntos pendientes en la jurisdicción
penal también es notable. Según el CGPJ y su 'Informe sobre la
situación de los órganos judiciales', la Comunitat es la tercera de
España con mayor tasa de pendencia, sólo por detrás de Castilla-La
Mancha y Galicia. De hecho, la tasa de congestión global (que engloba a
todos los órdenes: penal, civil, social y contencioso) sitúa la región
con la cuarta con mayor atasco del país, por detrás de las dos
autonomías ya citadas y Murcia.
Bajan los divorcios
Las cifras sorprenden porque la región presenta
una tasa de litigiosidad (asuntos por cada 1.000 habitantes) en la media
española, igual que la capacidad de resolución de los magistrados. La
razón quizás quepa buscarla en la histórica menor proporción de jueces
por habitante en la Comunitat frente a la de otras autonomías.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado
fue de 183,2 asuntos por cada 1.000. Las comunidades autónomas que
mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron
Andalucía (215,7), Madrid (201,1), Baleares (196,8), Canarias (195,6),
Cantabria (190,6), Comunitat Valenciana (188,6) y Murcia (187,7).
En el paquete de informes que ayer difundió el
Poder Judicial aparece también uno referente al número de divorcios y
separaciones dirimidos por la Justicia en los últimos meses o años. Y
todas las rupturas se han reducido, tanto si se compara 2013 y 2012,
como si se estudian los dos últimos trimestres. Una tendencia que ya se
venía notando desde hace unos años, según los expertos debido a los
problemas económicos: la dificultad para algún miembro de la pareja de
mantenerse económicamente en solitario o el alto coste monetario de la
separación acaba echando a muchos para atrás.
El descenso de los divorcios y separaciones es una
tónica repetida en toda España. Sólo en Extremadura, Navarra y Murcia
se produjeron incrementos de las rupturas.
Pero no es este el dato más llamativo dentro del
capítulo de las crisis matrimoniales llegadas a manos de los jueces. Las
llamadas 'medidas en procesos de separación', que incluyen algunas como
pensiones alimenticias, de mantenimiento de menores o de sustento a la
guarda o custodia de los hijos han experimentado un aumento «que puede
obedecer a los efectos de la crisis económica», como subraya el propio
CGPJ.
El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer,
hizo hace unos meses otra posible lectura de este aumento de la
modificación de pensiones compensatorias o alimenticias: al auge de las
peticiones de custodia compartida en la Comunitat.
En el último año, la modificación de estas medidas
se ha incrementado hasta un 15%, ligeramente por encima del aumento
registrado en España. Es decir, que más cónyuges han pedido subir o
rebajar el dinero pagado o recibido como pensión alimenticia o de
mantenimiento para los hijos menores.
Menos despidos polémicos
Y eso que, como subraya el propio Poder Judicial,
el incremento de este tipo de medidas ha sido «el más bajo de los
últimos años». Ello puede deberse, como subraya el órgano de gobierno de
los jueces, «al menos en parte al efecto de las tasas judiciales»,
vigentes desde que el ministro Alberto Ruiz Gallardón decidiera gravar
algunas actuaciones judiciales con una cantidad económica, según su
teoría para rebajar la litigiosidad.
El 'atasco' en los juzgados de lo
contencioso-administrativo no es el único que ha sufrido en los últimos
meses la Justicia valenciana. A comienzos de año, como ya informó LAS
PROVINCIAS, desde los órganos judiciales de la capital se alertó de la
avalancha de demandas relacionadas con las preferentes.
En apenas un año, los juzgados de primera
instancia recibieron dos millares de demandas. Sólo en el mes de junio
de 2013 se presentaron el 40% de las demandas por este motivo de todo el
primer semestre. Y la primera consecuencia fue pasar de apenas cinco
meses de espera para el señalamiento del juicio, a casi un año.
Los juzgados de lo social de la Comunitat no son
una excepción al 'atasco'. La propia estadística del Consejo sitúa los
órganos de esta región como los cuartos más congestionados de España,
por detrás de Baleares, Andalucía y Murcia.
El propio decano Viguer ya lo advirtió a comienzos
de 2013, al asegurar que la carga de trabajo de los jueces de lo social
duplica el baremo establecido por el Poder Judicial. A cada juez le
llegan más de 1.500 casos, cuando la media no debería superar los 900.
Ello ha generado otro tremendo retraso a la hora de fijar juicio, en
materias tan sensibles como despidos o indemnizaciones laborales.
Un número de asuntos pendientes agravado por el
incremento del 0,1% en las demandas por despido registradas en los
tribunales de la Comunitat en 2013. Se alcanzaron las 16.918. La región
es la cuarta de España con más reclamaciones judiciales por esta
cuestión, según la agencia Efe. En todo el país hubo 146.796 demandas
por despido, lo que supone un descenso del 0,4 por ciento respecto al
año anterior y la primera caída desde 2010, como consta en el 'Informe
sobre el efecto de la crisis económica en los órganos judiciales'.
Fuente: www.lasprovincias.es
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