Sindicatos
Los que también aprovecharon la visita del fiscal al Palacio de Justicia de Benalúa de Alicante para transmitirle las continuas denuncias sobre las condiciones de la Fiscalía fueron los sindicatos.
Preocupación
El decano del Colegio de Abogados de Alcoy, Antonio José Tortajada, mostró ayer su preocupación sobre este hecho, sobre la base de que el servicio a los ciudadanos se resentirá de forma grave. Tortajada criticó con dureza a la Conselleria de Justicia, a la que acusó de mostrar «una irresponsabilidad absoluta por no acometer las inversiones necesarias». Cabe reseñar que el Ayuntamiento de Alcoy está haciendo gestiones para ofrecer a la Fiscalía unos locales alternativos.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció ayer en Alicante que la semana que viene se celebrará una Comisión Mixta entre Fiscalía General del Estado, Fiscalía Superior y Generalitat, en la que trasladará al Consell los problemas con los que cuentan las dependencias de las fiscalías de Alicante y se mostró «convencido» de que la Generalitat Valenciana actuará ante las «graves deficiencias judiciales con compromisos concretos y determinados».
Torres-Dulce realizó ayer una visita a las instalaciones de las Fiscalías de Alicante y Alcoy para «comprobar in situ» cómo y en qué condiciones trabaja la plantilla de fiscales y de funcionarios en estas ciudades.
Primero visitó la Fiscalía de Alicante ubicada en el Palacio de Justicia de Benalúa, donde llegó acompañado por el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig; el fiscal superior del TSJ Antonio Montabes y el decano de los juzgados, Juan Carlos Cerón, y otros fiscales de Alicante. Así, visitó las dependencias separadas en las que trabajan los acusadores públicos, despachos con media docena de fiscales, escaleras angostas y multitud de legajos apilados en en suelo que tuvo que sortear para no pisarlos.
Como él mismo dijo, «no pedimos el cielo», y señaló la importancia de dar solución a las deficiencias que «se prolongan demasiado en el tiempo». «Sabemos de las enormes dificultades presupuestarias y financieras de la Comunidad pero estoy convencido de que uno de los órdenes de prioridades es atender a la Justicia», señaló.
La visita se produce en la recta final del mandato de Juan Carlos López Coig, lo que obliga en breve a una nueva designación del fiscal jefe de Alicante, una plaza a la que podría optar de nuevo López Coig aunque también podría darse la situación de que una vez convocada la solicitara otro miembro de este departamento.
Torres-Dulce subrayó que ya trasladó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en una visita institucional, expresa mención de las deficiencias que le habían hecho llegar tanto los fiscales como el servicio de inspección, y se le prometió que se iban a adoptar medidas correctoras. «He abierto un proceso de negociación que espero que se resuelva satisfactoriamente con la Generalitat», señaló, sin entrar en los detalles del mismo.
En este sentido indicó que espera que esos compromisos tengan «reflejos presupuestarios» y dijo que las condiciones de Alicante, Orihuela y Alcoy no cumplen con los mínimos de «habitabilidad e higiene».
Miembros de CCOO y de Intersindical le hicieron entrega personalmente de un escrito que aludía a la falta de medios personales y físicos. Por su parte, el delegado de Justicia de UGT le pidió una entrevista para poder abordar los problemas de los trabajadores.
Los sindicatos también le dieron un escrito firmado por una quincena de funcionarios en el que explicaban al fiscal general cómo diariamente trabajan en unas dependencias sin salida de emergencia, con una única escalera estrecha de entrada y salida. Estos funcionarios trasladan diariamente del orden de 40 o 50 procedimientos que también tienen que subir y bajar por las citadas escaleras y que previamente han de introducir en carros metálicos para poder moverlos.
En cuanto pisó Alcoy, Torres-Dulce fue más contundente. Amenazó con clausurar el destacamento de Fiscalía de Alcoy ante el estado tercermundista de los locales en los que se ubica. La Inspección de Trabajo emitió en su momento un informe instando a la Conselleria de Justicia a acondicionar el Palacio de Justicia de Alcoy concediendo para ello un plazo que concluyó el pasado 31 de mayo. Sin embargo, no se ha llevado a cabo actuación alguna, y todo ello a pesar del apercibimiento de cierre efectuado por la propia Inspección. Con estos antecedentes, Torres-Dulce informó de que va a solicitar a la Conselleria un compromiso presupuestario para el acondicionamiento de los locales, y que en caso contrario cerrará el destacamento y trasladará a los fiscales a Alicante.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com
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