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lunes, 23 de diciembre de 2013

Justicia no puede ampliar la potencia en la Fiscalía de Gandia por las deudas

Archivo de Fiscalia Gandia

La compañía eléctrica traslada a la Conselleria que no cederá hasta que no salden los atrasos.

«Lugares de trabajo dignos». La reivindicación siempre está presente en el discurso de los fiscales superiores ya sea en su toma de posesión o en aperturas de años judiciales. Mejorar los centros de trabajo siempre parte como una prioridad, pero se diluye con el paso del tiempo y más al chocar contra el muro insalvable en el que se convierte la Conselleria de Justicia. No hay un euro en la caja.
Las dependencias de la Fiscalía de Gandia son el ejemplo más cruel de cómo algunos fiscales trabajan bajo mínimos. Los ordenadores, indispensables en su labor diaria, sufren continuos apagones.
La situación llega al ridículo de tener que mantener sólo alguno de los aparatos conectados ante el riesgo de que salten los plomos. O la posibilidad de que algunos fiscales se lleven sus portátiles personales para adelantar algo de trabajo. Con la batería cargada, claro.
La Fiscalía se encuentra ubicada en un piso particular, situado frente a los juzgados de Gandia. La potencia eléctrica que tienen contratada es similar a la de cualquier vivienda. Sin embargo, pocas viviendas cuentan con tantos aparatos informáticos. Ahora, el gasto se acrecienta porque según deslizan algunas fuentes, los fiscales se llevan sus propias estufas, lo que todavía sobrecarga más el consumo.
La solución al problema resulta sencilla. Consiste en ampliar la potencia contratada con Iberdrola. Sin embargo, la empresa suministradora se ha negado por las deudas que acumula la Generalitat Valenciana, tal y como ayer confirmaron fuentes del propio departamento autonómico. Si pagan las deudas , se ampliará... Mientras tanto, pues no queda otra que seguir en las mismas condiciones.
La Fiscalía Provincial ya ha trasladado a responsables de Justicia su preocupación por este asunto que impide que los responsables desarrollen su tarea con normalidad.
La respuesta que se les ha hecho llegar está cargada de impotencia. Nada pueden hacer al respecto. Tan sólo pedir disculpas. En realidad, tal y como explicaron ayer fuentes de la Conselleria, no se trata de una deuda del propio departamento sino de las cantidades que adeuda la Generalitat Valenciana.
También otras sedes judiciales en la Safor arrastran deficiencias de gravedad. Por ejemplo, los juzgados de Gandia han sufrido durante cerca de un año la falta de funcionamiento de los dos ascensores del edificio principal. Esta incidencia causó la suspensión de juicios y declaraciones. El problema se solventó recientemente, después de meses de quejas.
Los impagos ya han tenido consecuencias en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia condenó este año a la Generalitat a pagar 2,8 millones de euros a la empresa que cumplía con el servicio de seguridad de algunos edificios dependientes de la Conselleria de Justicia. El Consell dejó de pagar las facturas a la empresa Grupo Cetsa de Seguridad en 2006, cuando la crisis económica todavía no se había dejado notar.
Fuente: www.lasprovincias.es

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