Casi en el ecuador de la legislatura, el Ministerio de Justicia, que ya ha aprobado algunas de sus iniciativas más polémicas, afronta un nuevo curso especialmente activo para un sector en plena ebullición.
Tras el receso del verano, el nuevo curso arranca con fuerza para el mundo de la Justicia. Son muchas las reformas en marcha que el Ministerio tiene pendientes de aprobar en los próximos meses y que afectan tanto a las profesiones jurídicas como a los ciudadanos en muy diversos ámbitos. Cuando ya casi se ha alcanzado el ecuador de la legislatura, la actividad del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, que no quiere que su paso por esta cartera pase desapercibido, promete ser frenética. Los pasos dados hasta ahora por el Ministerio de Justicia han supuesto un revulsivo para todo un sector que ve un antes y un después de la era Gallardón.
- Reforma Penal
Una de las reformas inminentes es la del Código Penal, que volverá al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Entre las medidas que incorpora está la prisión permanente revisable –a la que ayer dio el visto bueno el Consejo de Estado–, que será aplicada a los condenados por terrorismo, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad o casos de asesinato agravado. Además, el texto introducirá, previsiblemente, un sinfín de reformas de calado como el endurecimiento de los delitos económicos, por ejemplo en casos de administradores desleales con sus empresas, o supuestos de malversación o cohecho. La reforma expulsará las faltas del proceso penal, para aliviar los juzgados, tipificándolas como delitos leves en aquellos casos en que se estime necesario mantenerlas. El texto incluirá penas más duras para violación de la propiedad intelectual e introducirá una reforma del delito de soborno a funcionarios extranjeros, poniendo coto a posibles actuaciones poco éticas de empresas españolas en otros países.
- Fiscal instructor
Dentro del ámbito penal, también queda abierta otra gran reforma, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a denominarse nuevo Código Procesal Penal. De momento, sólo hay una propuesta de la comisión de expertos nombrada por el ministerio, pero se espera que para octubre esté listo el anteproyecto que presente definitivamente Justicia. Una de las medidas más revolucionarias de este texto será la entrega de la instrucción penal al fiscal. Aunque con ello la justicia española se aproximaría a otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, muchas voces –entre ellas la del propio Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce– vienen advirtiendo de que esto sólo sería posible dotando a la Fiscalía de una mayor independencia organizativa, respecto del Ministerio de Justicia. La propuesta de la comisión también recoge otras medidas como la de limitar el ejercicio de la acción popular para evitar abusos, según han explicado. Esta figura, que permite tomar acciones penales a terceros no perjudicados por un delito, podría ser vetada a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas, a excepción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. También se busca atajar el problema de las filtraciones de información de procesos judiciales en marcha a los medios de comunicación, introduciendo mecanismos para evitar la publicación de este tipo de noticias antes de tiempo, una cuestión polémica, que no está claro si mantendrá el ministerio, que se inclina más por acotar al máximo los plazos del secreto de sumario.
- Nuevo mapa judicial
La reforma estructural de los juzgados y tribunales españoles podría ser la obra faraónica de Gallardón. Se trata de dar un vuelco total a la actual organización judicial, creando tribunales de instancia que agrupen a los juzgados en las capitales de provincia, eliminando las audiencias provinciales. El objetivo sería aprovechar sinergias y optimizar recursos. Un cambio de tal envergadura, requerirá un amplio período transitorio ya que, entre otras cosas, actualmente no existen edificios con la suficiente capacidad para albergar a los nuevos tribunales de instancia. Esta reforma aparece reflejada en la propuesta de la comisión de expertos para la Ley de Demarcación y Planta, por lo que aún el ministerio no la asume como propia, aunque sí parece estar de acuerdo con sus planteamientos. Está previsto que Justicia presente su propio texto este otoño.
- Gobierno de los jueces
Entre las reformas que más revuelo han causado está la que afecta de lleno al Consejo General del Poder Judicial. El ministerio metió el acelerador en esta reforma para llegar a tiempo a la próxima renovación del consejo cuyo plazo culmina el próximo día 24. La nueva regulación cambia la elección de los vocales, reduce sus competencias y elimina la dedicación exclusiva de algunos de sus miembros. Se ha restado poder a las asociaciones de jueces a la hora de proponer candidatos para los puestos de vocales, lo que llevó a varias de ellas a boicotear la presentación de candidaturas cuyo plazo culminó el pasado 1 de agosto reuniendo una lista de 53 jueces aspirantes.
-Una actividad legislativa frenética
La lista de reformas acometidas y pendientes es extensa. Algunas de ellas se quedaron en el tintero de los predecesores de Alberto Ruiz-Gallardón, como el nuevo Código Mercantil, un proyecto en el que la Comisión de Codificación lleva trabajando siete años y que podría ver la luz al final de esta legislatura. Se adapta a la forma de hacer negocios del siglo XXI recopilando en un único texto prácticamente toda la legislación mercantil e incorporando materias que carecían de regulación, como los contratos electrónicos o los financieros mercantiles. Más inminente será la reforma del aborto, que llegará en octubre, según ha asegurado el ministro. Está pendiente también la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que desjudicializa determinados asuntos entregando nuevas competencias a colectivos como notarios o registradores. También está en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entrega nuevas competencias a los procuradores en materia de comunicación, embargos y algunas ejecuciones, y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que eleva el umbral de renta mínimo para acceder a ella. A punto de cumplir un año, la Ley de Tasas, que buscaba frenar el aluvión de asuntos en los tribunales, ha sido la reforma más polémica, hasta el punto que Justicia tuvo que moderar algunas de las cuantías tan sólo unos meses después de aprobarla
Fuente:http://www.expansion.com
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