Una de las posibilidades propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, que el TSJ de la Comunitat asuma íntegramente la causa de Nóos, amenaza con saturar la Sala de lo Civil y Penal, un órgano que a día de hoy soporta una carga de trabajo difícilmente asumible sin un esfuerzo ímprobo por parte de funcionarios y magistrados.
A lo anterior hay que sumar la falta de medios con los que cuenta el TSJ. En ningún caso comparables a los ya de por sí escasos que se encuentran a disposición de un juzgado de Instrucción ordinario. No es la primera ocasión en la que estas carencias se evidencian a lo largo de una investigación. El ejemplo más reciente fue el retraso en las transcripciones de las escuchas telefónicas en el caso de Cooperación.
El TSJ de la Comunitat ha recibido en el último año una avalancha de casos de corrupción. Hoy en día se sitúa como el más saturado de España. La Sala de lo Civil y Penal está compuesta por cinco magistrados, pero hay que tener en cuenta que la presidenta, Pilar de la Oliva, no instruye. Por tanto, quedan cuatro jueces para los asuntos en los que se investiga la participación de aforados.
Antonio Ferrer es el último de los magistrados que se incorporó a la Sala tras la jubilación de José Flors, el instructor de la causa de los trajes que señaló a Camps y Costa el camino del banquillo. Ferrer es el ponente del caso Nóos. El asunto le llegó por turno de reparto. Por suerte, entonces, era el menos sobrecargado del resto de sus compañeros. Se encarga, por el momento, del delito fiscal de Alperi y de la querella contra Castellano por las adjudicaciones a Taroncher.
Tras analizar la exposición motivada de Castro y los escritos de las partes presentará una ponencia a la Sala. Y esta decidirá.
La situación de los otros tres magistrados no es ni mucho menos cómoda, con jornadas que superan habitualmente las diez horas, comidas en el propio despacho del TSJ e incluso algún fin de semana en las dependencias.
Juan Climent, que presidió el juicio de los trajes, arrastra el caso Brugal. La instrucción de este se encuentra prácticamente finiquitada. También se ocupa de un presunto delito fiscal de Costa por recibir presuntamente un maletín con dinero.
Pía Calderón terminó recientemente la primera pieza del caso Cooperación. No obstante, esta parte se encontraba prácticamente instruida por el juzgado número 21 de Valencia. Buena parte del trabajo llegó hecho. El grueso de la investigación se tramitará ahora, con la segunda parte de las subvenciones concedidas a empresas de la órbita del empresario Tauroni. Es ahí, donde según las fuentes, queda una ingente cantidad de diligencias. Los próximos meses no supondrán un alivio.
José Ceres también tiene trabajo con las seis piezas en las que se ha divido Gürtel. Sólo la de Fitur está cerrada, a falta de que se señale el juicio. Previsiblemente, el de Blasco se celebrará antes ya que las causas con presos tienen prioridad. Un dato resulta suficiente para dar idea de la dimensión del asunto: casi un centenar de imputados suman las adjudicaciones concedidas a las empresas de la trama Gürtel.
Y no sólo es la instrucción. Casos de este tipo derivan en juicios que fácilmente pueden superar un mes de sesiones. Esto, en mayor o menor medida, ralentiza el trabajo de la Sala o el de algunos instructores, ya que junto a la presidenta otros dos miembros forman parte del tribunal.
Y frente a todo lo anterior, la falta de medios acuciante que padece este órgano. La Sala sólo tiene adscritos cinco funcionarios. En otros tribunales superiores con menos casos cuentan con el doble de personal. Desde hace un año, el TSJ dispone de un secretario de refuerzo. Pero el apoyo resulta más que insuficiente a la vista de las actuaciones. El Poder Judicial ya ha dado el visto bueno a la llegada de otros dos profesionales. Sin embargo, el Ministerio tiene la última palabra.
Fuente: www.lasprovincias.es
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