El Consell de Alberto Fabra tiene sobre la mesa nuevas medidas legales para forzar a todos sus funcionarios a jubilarse a los 65 años, de tal manera que los casos en los que se prorrogue el servicio activo serán los mínimos y evitar recursos en los tribunales. La decisión, según ha podido saber este diario, está tomada y probablemente se plasme a través de la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2014. Con ello, la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Juan Carlos Moragues busca ahondar en el ahorro en el capítulo 1. Así, sólo en casos muy puntuales se permitirá que el personal de las conselleries puedan seguir trabajando una vez cumplidos los 65 años. Su plaza será amortizada y con ello la Generalitat rebajará el gasto en personal.
La medida ya se está aplicando para el personal médico y, si los planes del Consell salen adelante, se extenderá al personal de la administración del Consell. Los docentes, sujetos a una regulación distinta, están al margen de esta iniciativa. La decisión ha sido comunicada de manera informal en algunos foros sindicales, aunque el principal escollo es el legal. Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad se ha encontrado con obstáculos jurídicos a la hora de implantar la jubilación forzosa al personal sanitario. De hecho, el pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decidió suspender cautelarmente la disposición de la orden de la Conselleria de Sanidad que regula la jubilación forzosa del personal sanitario. Además, congeló la disposición del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contemplaba esa medida y que precisamente se aprobó con el fin de superar los escollos jurídicos que se les había planteado en el futuro.
En concreto, la decisión del alto tribunal impide a Sanidad forzar la jubilación de unos 600 sanitarios a los que les había concedido antes una prórroga laboral. El TSJ daba así la razón al sindicato CSI.F que llevó el acuerdo a los tribunales al entender que esta medida no podía adoptarse con carácter retroactivo.
Los problemas legales también ha impedido al Consell que preside Alberto Fabra aplicar en estos años al resto de funcionarios. De hecho, en julio de 2011 el entonces conseller de Hacienda, José Manuel Vela, presentó un plan de ajuste en la plantilla de la Generalitat que incluía entre otras medidas las relativas a la jubilación forzosa de los empleados públicos que han cumplido los 65 años. Entonces Hacienda estimó que unos 250 funcionarios dejarían de trabajar en la Administración por cumplirse los 65 años. Sin embargo, la medida chocaba con las previsiones de la ley de la función pública valenciana que, tras un procedimiento reglado, permite a aquellos empleados públicos que lo soliciten seguir trabajando hasta los 70 años. De hecho, el conflicto no tardó en trasladarse en las conselleries. Desde las subsecretarias de varios departamentos se resistieron a tumbar las solicitudes de prórroga del servicio para evitar denuncias en el contencioso administrativo. Meses después, el Ejecutivo de Fabra incluyó la jubilación forzosa en el decreto ley de medidas urgentes aprobadas en enero de 2012 dirigidas principalmente a los empleados públicos. El decreto ley, cuya vigencia teóricamente finaliza el próximo mes de enero de 2014, trató de dar mayor cobertura legal a los acuerdos en los que se denegaba la prórroga.
Con todo, según fuentes sindicales todo este tiempo ha primado la prudencia y el Consell no ha aplicado esta previsión. Ahora, sin embargo, se estaría preparando un cambio en la ley de la función pública valenciana para garantizar la solvencia jurídica de esta medida, máxime cuando todavía se desconoce si el decreto ley de medidas urgentes será o no prorrogado en su totalidad.
La medida afecta sobre todo a personal de oficina o altos funcionarios, que suelen solicitar la prórroga del servicio hasta los 70 años.
Fuente:http://www.levante-emv.com
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