INTERSINDICAL JUSTICIA: Los presidentes de los Tribunales Superiores consideran “prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia”

En una declaración institucional que suscriben unánimemente, los 17 representantes del Poder Judicial afirman que “la falta de voluntad política de hacer de la Justicia una prioridad, en un contexto de crisis económico-financiera, propicia un insoportable estado de opinión que cuestiona, no sólo su efectividad, sino su independencia”.

Afirman que la crisis “ha supuesto una completa paralización de las inversiones en Justicia” y auguran un futuro “más que preocupante”

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia de España, reunidos estos días en Albacete, consideran “prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia”, por lo que manifiestan su “desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo, imposibilitando el cumplimiento de su papel constitucional”.
En una declaración institucional que suscriben unánimemente, los 17 representantes del Poder Judicial afirman que “la falta de voluntad política de hacer de la Justicia una prioridad, en un contexto de crisis económico-financiera, propicia un insoportable estado de opinión que cuestiona, no sólo su efectividad, sino su independencia”.
“Ello ha conducido –continúa la declaración- a una disminución de la confianza de la ciudadanía en sus tribunales que socava su legitimidad democrática. Urge poner fin a esta situación”.
Los presidentes señalan que “la enorme gravedad de la crisis económica ha supuesto una completa paralización de las inversiones en Justicia, lo que augura un futuro inmediato más que preocupante”. Y acto seguido añaden: “Otra situación es posible: la Justicia tiene solución”.
SOLUCIONES Y PROPUESTAS
Para ello, proponen una serie de reformas y cambios encaminados a paliar las carencias estructurales, organizativas y tecnológicas que cada año vienen poniendo de manifiesto en sus encuentros.
Así, exigen que los órganos de Gobierno del Poder Judicial tengan autonomía de gasto para, dentro de los límites presupuestarios, adoptar medidas de refuerzo en los órganos judiciales.
Por otro lado, reclaman un pacto de Estado entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas para diseñar un nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia.
“Es preciso definir el modelo de planta judicial, buscando un equilibrio entre la garantía de fácil acceso de los ciudadanos a los Juzgados y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de los medios personales y materiales, determinante de una evidente ineficacia en la gestión de los mismos”, señalan.
Entre las propuestas de carácter organizativo, los presidentes consideran que los órganos de gobierno del Poder Judicial no pueden estar al margen del funcionamiento de la oficina judicial, por lo que reclaman que las Salas de Gobierno tengan posibilidad de una acción gubernativa cuando surjan disfunciones que puedan incidir en el funcionamiento de juzgados y tribunales.
También apuntan a la “urgente necesidad” de la modernización tecnológica de la Justicia, lo que pasa por la incorporación del expediente judicial y por la creación de una plataforma de comunicación telemática común a todos los órganos judiciales españoles.
ESFUERZO PERSONAL
Por otro lado, los presidentes de los Tribunales Superiores aluden en su declaración institucional a la situación que están viviendo los jueces y magistrados españoles con la creciente carga de trabajo que se está produciendo en los últimos años derivada de la crisis económica.
Señalan, en este sentido, que el juez “viene supliendo con su esfuerzo personal la endémica carencia de medios en la que ejerce su labor jurisdiccional”; esfuerzo que “no tiene un reconocimiento social ni institucional”.
Por ello, continúan, “es urgente que la sociedad española conozca que la planta judicial es insuficiente y su distribución, obsoleta (…), se obliga al juez a asumir una carga de trabajo superior a la racional (…), ha trabajado siempre, y también ahora, en un contexto de enormes deficiencias estructurales y tecnológicas que lastran la eficacia y efectividad de su función, lo que le acarrea un continuo desprestigio”.
Y en este punto, se refieren a las iniciativas legislativas que se han anunciado para modificar el sistema de sustituciones de jueces y magistrados. Los presidentes expresan preocupación por el hecho de que el sistema de sustituciones diseñado “provoque un aumento de las cargas de trabajo ya inasumibles a día de hoy, al no haber un número suficiente de jueces para hacerlo factible”.
Por último, consideran “muy necesario” que se impulsen reformas legislativas encaminadas a la modernización de la Justicia, especialmente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ley procesal que data del siglo diecinueve.
Para ello proponen, entre otras medidas urgentes, la potenciación de las conformidades en el orden penal, la mediación en procesos penales por infracciones menos graves, o una única instancia de revisión judicial en materias de escasa entidad o gravedad.