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martes, 15 de noviembre de 2011

Justicia estudia cobrar el aparcamiento de las sedes judiciales de la Comunitat

La Generalitat inicia un estudio de la rentabilidad que tendría la medida que ahora disfrutan gratis jueces, fiscales y funcionarios 

La crisis no sólo obliga, en ocasiones, a recortar en los presupuestos. También, en otros casos, incentiva la búsqueda de ingresos a través de recursos que en otras etapas ni se contemplaban. Y la Generalitat ha centrado su atención en las plazas de aparcamiento de las sedes judiciales más importantes de la Comunitat. ¿Por qué no cobrar por estacionar el vehículo? Esta es la pregunta que sobrevuela en los despachos del departamento autonómico, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.
Hasta ahora, por ejemplo en la Ciudad de la Justicia, la gran mayoría de jueces y secretarios judiciales y algunos fiscales y funcionarios disfrutan gratis de esta posibilidad. Un privilegio, según algunos. Motivos de seguridad, alegan los supuestos privilegiados. El caso es que disponer de parking -en algunos casos se reparten por turnos- es como un pequeño tesoro para los que trabajan en las dependencias.
La Conselleria ya está trabajando en esta idea y ha encargado un estudio para determinar la rentabilidad que tendría la medida. La propuesta concentra la atención en varias sedes: la Ciudad de la Justicia de Valencia (400 plazas); la Ciudad de la Justicia de Castellón (124 plazas); la sede de Elche (131 plazas) y los decanatos de los juzgados de Alicante (73 aparcamientos).
Uno de los objetivos de la iniciativa -si finalmente se aplica- es obtener dinero, claro está. Pero estas cantidades no se utilizarían para reducir la inversión de la Generalitat en Justicia sino para sumar nuevas inversiones, aclaran fuentes cercanas al proyecto. De tal forma que el dinero siempre repercutiría en Justicia.
Pero, además, existe otra razón alejada por completo del beneficio: democratizar el servicio. Hasta ahora, las plazas están acotadas a jueces, secretarios judiciales, fiscales y funcionarios. Abogados, procuradores y graduados sociales, por poner algunos ejemplos, no tienen opción a disfrutar del aparcamiento en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La iniciativa permitiría abrir la puerta a estos grupos que también acuden casi a diario a la sede judicial.
El modelo que se plantea, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, no está relacionado con el de un aparcamiento privado. Ni mucho menos. Unas tarifas de mercado no tendrían sentido. Los gestores son conscientes de este extremo. Una de las principales referencias, por ejemplo, sería el aparcamiento del nuevo Hospital La Fe. Así, unas tarifas de entre 20 y 30 euros mensuales ofrecerían muy buenos resultados a la Conselleria. Sólo en la Ciudad de la Justicia estaríamos hablando de unos 100.000 euros al año. Casi el doble de esta cantidad si se incluye en el balance el resto de sedes judiciales.
Abonos mensuales y anuales
La anterior es una de las posibilidades: abonos mensuales para los usuarios de la Ciudad de la Justicia. Tampoco se descartar que pudieran ser anuales. Además, la idea que se baraja es reservar una determinada cantidad de espacio para usuarios que sólo necesiten dejar su vehículo unas horas al día.
En cualquier caso, siempre se dejarían libres un número de plazas para cargos institucionales, como la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva o la de la Audiencia Provincial, Carmen Llombart. De igual modo ocurriría con la fiscal jefe, Teresa Gisbert, por poner tres ejemplos de los más conocidos.
Lo que se descarta es el acceso de particulares, alejados de la Administración de Justicia, al citado aparcamiento. Esto no se ha previsto. Todos los profesionales deberían ir acreditados con una tarjeta, como la que ya existe para controlar los accesos al edificio sin la necesidad de tener que pasar por el detector de metales. La idea, pionera en la Comunitat, ya tiene algún antecedente en España. En concreto, en la provincia de Málaga.
La polémica por la adjudicación de las plazas de la Ciudad de la Justicia de Valencia llegó hasta el Tribunal Supremo. Los funcionarios reclamaban poder disfrutar de un mayor número de lugares de aparcamiento.
Fuente: www.lasprovincias.es
         


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