La Generalitat debe 7,7 millones a los abogados del turno de oficio

Los letrados advierten de la paralización del servicio a personas sin recursos 

El Colegio de Abogados de Valencia advirtió la semana pasada de que la situación del turno de oficio, que proporciona asistencia jurídica a las personas sin recursos que tienen que ir a juicio, se hallaba en una situación "insostenible". Ayer concretó qué quería decir con insostenible: la Generalitat debe al colegio 7,72 millones de euros por los servicios prestados por los letrados en lo que va de año, y la cuantía del importe hace inasumible para la institución mantener la línea de crédito (en la modalidad de confirming) que abrió el año pasado con el Banco Sabadell para que la entidad financiera adelantase el pago a los abogados en tanto los satisfacía el Gobierno valenciano.

El plan estaba pensado para moderados retrasos en los pagos. Lo que se ha producido desde su firma ha sido, sin embargo, un impago generalizado del Consell desde que empezó 2011, según destacó el colegio. La Generalitat debe el 61% de los servicios que se prestaron en el primer trimestre del año, y la totalidad de los que tuvieron lugar en el segundo y en el tercero.
La junta directiva del colegio advirtió que los letrados han planteado que la institución denuncie a la Consejería de Justicia y Bienestar Social por incumplir el convenio suscrito entre ambas, "hecho que supondría la ausencia de abogados del turno disponibles para los ciudadanos de forma indefinida".
El derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando alguien acredita que carece de medios para sufragarla tiene su apoyo en el núcleo duro de la Constitución, el de los derechos fundamentales. El apartado tercero del artículo 17 establece: "Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca". La negativa de los letrados a seguir trabajando sin que el Consell les pague provocaría la paralización de miles de procedimientos.
El colegio se mostró, sin embargo, abierto a continuar las negociaciones con el consejero de Justicia, Jorge Cabré, para encontrar una solución.
Por otra parte, el presidente de la Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (Fead), Ricardo Peris, apuntó ayer que la Consejería de Justicia y Bienestar Social está comenzando a liquidar la deuda de 15 millones de euros que tenía con los 40 centros adheridos a la federación, que asisten a 3.000 personas con discapacidad y emplean a unas 2.000 personas. "Ya han liquidado unos 3,2 millones de euros", indicó Peris a este diario, "lo que demuestra la voluntad de la Generalitat de pagar". Frente a esta situación, Peris también denunció que otras organizaciones que se financian a través de la fórmula de programas no han cobrado ni un euro este año.
Fuente: www.elpais.com