La falta de especialistas paraliza decenas de causas en los juzgados de Violencia de Género que están a la espera de la emisión del informe médico.
Las mujeres maltratadas que, por orden judicial, precisan el reconocimiento de un médico forense tienen que esperar más de dos meses para ser atendidas, según ha podido ha podido saber este diario a través de fuentes judiciales. Actualmente, los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer del Palacio de Justicia de Benalúa están dando cita con el forense a las víctimas de malos tratos para el próximo 20 de diciembre, un plazo nada desdeñable si se tiene en cuenta que muchas veces es el informe de este especialista el que determina la continuidad del procedimiento penal.
Este retraso se está produciendo en numerosos casos denunciados por distintas vías -a excepción de los que entran por el juzgado en funciones de guardia- ya sea a través de hospitales o centros de salud que remiten los partes de lesiones a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, o de los que entran a través de atestados policiales o la denuncia de la propia víctima. Tras ponerse en marcha el sistema de protección a la maltratada y con la apertura de un procedimiento penal para investigar los hechos, la juez suele ordenar el reconocimiento de un médico forense. Éste determina el diagnóstico y el tipo de lesiones que se han producido, entre las que destacan las físicas en un 90% de los casos, según el último informe sobre la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alicante elaborado por la socióloga experta en malos tratos Santa Suárez, que determina que sólo en el 10% de los hechos denunciados se producen malos tratos psíquicos.
Informe crucial
Aunque la juez, una vez abierto el proceso, puede ir tomando declaraciones o pidiendo otras pruebas, en muchos casos no se puede continuar con el proceso contra el presunto maltratador dado que el Ministerio Fiscal no puede formular una acusación hasta que se reciba el informe forense, que marca un punto de inflexión en la investigación y que a veces es la única diligencia de la que se está pendiente para poder avanzar, según explicaron las citadas fuentes judiciales.
Las causas principales de estos retrasos en los reconocimientos son dos: la falta de personal y el aumento de denuncias y con ello, el número de casos a los que hace frente cada especialista.
Y es que la plantilla de forenses es una de las más estáticas de los juzgados de la provincia. Según fuentes del Instituto de Medicina Legal de Alicante, el número de estos especialistas sigue siendo el mismo prácticamente que hace diez años y sólo ha crecido en una plaza más. Las citadas fuentes señalan que al problema de la plantilla de forenses se suma el de la plantilla administrativa, cuyo crecimiento también está paralizado pese a la carga de trabajo que se recibe por el aumento de casos. Precisamente destacan entre ellos los malos tratos, cuyas denuncias se han disparado en los últimos años fruto de las campañas de sensibilización y por la mayor implicación de las instituciones y de la sociedad.
A tenor de los datos, no es de extrañar que se precise de un refuerzo general de forenses y, entre ellos, de los especialistas en malos tratos. El pasado miércoles por la noche un hombre de 54 años asesinó en Benejúzar a su cónyuge, de 49, con una pistola y luego se suicidó de un disparo. Con esta víctima y la registrada al día siguiente en la localidad madrileña de Getafe son ya 56 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja en España en lo que va de año, una más que el número total de fallecidas en todo 2009. Ayer, en Crevillent, un hombre de 61 años fue detenido por intentar estrangular a su pareja, que fue hospitalizada. En el partido judicial de Alicante (que comprende Alicante capital, Campello y San Joan d'Alacant) los juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron 2.382 denuncias del 1 de abril del 2008 al 1 de abril de 2009, según el último informe sobre la actividad de este tipo de juzgados.
Respecto a la distribución de la plantilla de forenses en los juzgados de la provincia, el mayor "atasco" por sobrecarga de trabajo se está dando en Alicante, Elche y San Vicente del Raspeig, aunque el problema se extiende a toda la provincia, según explicaron las citadas fuentes del Instituto de Medicina Legal. Es por ello que el director de este organismo, Juanjo Sellés, ha reclamado a la Conselleria de Justicia un refuerzo de al menos media docena de especialistas más, así como un mayor número de funcionarios debido a la carga administrativa de este sector. Actualmente, la provincia cuenta con una plantilla de 34 forenses, uno más que hace diez años. La falta de personal no sólo relentiza cientos de procesos e indemnizaciones por daños, sino que, además, desborda al propio servicio.
Tras los pasos de la Audiencia
El Consell informó ayer en un comunicado de que va a poner en marcha "un proyecto piloto para reeducar a maltratadores condenados a penas alternativas a la prisión gracias a un acuerdo firmado con los ministerios de Interior y de Igualdad". Según la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, el proyecto, que contempla la sustitución de la pena privativa de libertad, aplicará un programa de intervención con agresores desarrollado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Pero si hay una institución pionera en cursos a maltratadores es la Audiencia Provincial de Alicante, que lleva desde el año 2004 realizándolos con agresores condenados con penas de prisión de menos de dos años no reincidentes, un proyecto liderado por su presidente, Vicente Magro. La implantación de estos novedosos cursos en Alicante dio origen- tras la participación de Magro en Madrid en la comisión de Trabajos y Asuntos Sociales donde explicó el proyecto como experto externo- a la obligatoriedad por parte de los jueces que suspendan la ejecución de la pena de prisión a enviar al maltratador a un programa formativo.
Fuente: www.diarioinformacion.com
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