Sólo un juzgado de Valencia acumula seis mil sentencias pendientes de ejecución

Los trabajadores achacan a la falta de personal las tardanzas de hasta 10 meses en hacer cumplir las resoluciones judiciales

Cuando un juzgado dicta una sentencia no ha terminado el proceso para que se haga justicia. Queda un paso vital. Hacer que esa resolución se cumpla: que una mujer reciba una orden de protección, que un sospechoso entre o salga de prisión, que se le retire el carné a un conductor temerario... Todo eso corresponde a los juzgados de ejecutorias penales. Cuatro juzgados valencianos de instrucción se encargan de esta misión y uno de ellos, el 14, está colapsado. Según lamentan fuentes judiciales, tienen casi 6.000 sentencias pendientes de ejecutar.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS de los propios afectados, algunas pueden ser resueltas en dos meses, pero en otros casos transcurren hasta diez entre que la resolución llega a sus despachos y concluye su trámite.

Sus funcionarios están «indignados y cansados de pedir más personal». En estos días hacen frente a un verano que se presenta «más que complicado por la importante reducción de plantilla» que dicen estar sufriendo.

Para comprender su situación hay que echar la vista atrás. Tres de los cuatro juzgados de instrucción encargados de ejecutorias tienen 27 funcionarios titulares, sin embargo el 14 fue creado en 2005 sólo con 9. Se completa con 14 interinos y, «pese a ser inferior en número, la Conselleria prevé reducirlo a 16 trabajadores durante los meses de julio y agosto».

Esta situación, opinan, «es insostenible», dado el volumen de trabajo existente, que actualmente es repartido de manera similar en los cuatro juzgados y no tiende a reducirse en el periodo estival.

Los juzgados de ejecutorias se encargan de labores «de vital importancia para los ciudadanos», como son «hacer que las sentencias se cumplan», indicaron. A ellos corresponde, por ejemplo, que un condenado que esté en libertad sea ingresado cuanto antes en prisión si así debe ser o decidir si una pena es sustituída por otra medida, entre otras muchas cuestiones.

Esta situación, advierten los afectados, desemboca en importantes retrasos en la tramitaciones de las ejecutorias. Las dilaciones en su labor podrían hacer, por ejemplo, que la pena impuesta a un delincuente prescriba debido la falta de empleados que realizan los trámites para que se cumpla.

La sensación que tienen los funcionarios de instrucción 14 es de «desconcierto». Llevan planteando quejas a la Conselleria de Justicia desde que el juzgado se creó y ahora no comprenden por qué, «en lugar de antender los ruegos para funcionar adecuadamente», les reducen «toda vía más el número de trabajadores».

La Conselleria de Justicia asegura que el numero de interinos es de 15 y no 14, como apuntan los afectados. «Lo que ocurre es que cinco de ellos estarán trabajando un periodo de cuatro meses en vez de seis, de ahí que se produzca ese descenso de personal en estas fechas», explicaron. No obstante, «se trata de una situación muy puntual», añadieron las mismas fuentes, ya que en septiembre «se van a restructurar los juzgados de ejecutorias penales con un reparto más homogéneo». El de instrucción 14, el que tiene problemas de personal, recibe la misma cantidad de asuntos que los otros tres y se pretende un reparto más equitativo.

Una de las cuestiones que más preocupa son las ordenes de protección, ya que hay más de una treintena que están todavía en trámite. Atendiendo a las últimas estadisticas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cada vez crece más la cantidad de sentencias de violencia doméstica que los juzgados de ejecutorias penales deben hacer cumplir. De los 1.935 asuntos de esta naturaleza que tramitaron en 2007 se ha pasado a 2.090 en el año pasado. La previsión es que el año en curso crezca un 5% este tipo de condenas que deben hacer cumplir.

Apuros en Lo Social

Una situación parecida vive el juzgado de lo Social 3 de Valencia, que es el encargado de la ejecución de sentencias dinerarias. Según lamentan, el volumen de trabajo por el incremento de litigios con la crisis, es descomunal. La explicación es sencilla: «casi nadie cumple voluntariamente con el pago al que se le condena, unos por liquidez y otros para ganar tiempo», destaca uno de sus funcionarios.

Ante el desfase de asuntos que deben tramitar, «el doble de lo posible», hay importantes retrasos. «Empiezan a ser habituales las visitas de los perjudicados ante la ausencia de noticias sobre sentencias que les son favorables. Muchos ciudadanos se desesperan ante la seguridad de que las empresas que les adeudan están liquidando y no van a cobrar nada».
Fuente: www.lasprovincias.es