El Poder Judicial anuncia para octubre un plan de refuerzo a seis meses vista insuficiente para acabar con el atasco.
Si usted reside en algún municipio de la Vega Baja y está a la espera de una sentencia puede vivir en estos momentos una pesadilla o disfrutar de un dulce retraso. Todo es como se vean las cosas. Según datos facilitados por los juzgados, sólo en Orihuela hay más de 12.000 familias, según fuentes judiciales, esperando desde hace al menos tres años una resolución en un asunto de materia civil; es decir, una sentencia en un procedimiento en el que bien se dilucidan derechos o dinero, principalmente.La solución nunca ha sido fácil para acabar con este problema de la falta de celeridad de la justicia, por muchas modificaciones legislativas que hayan entrado en vigor, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha puesto fecha para un plan de refuerzo -otro más- que se pondrá en marcha el 1 de octubre, si no hay cambios de última hora, para que tres jueces sustitutos se pongan "como locos" durante seis meses a poner sentencias. Concretamente, ésto se producirá en los juzgados de Instrucción 1 y 2, que han perdido sus competencias en asuntos civiles (y por ello la urgencia de que los ciudadanos que allí tienen una demanda pendiente de resolución la tengan cuanto antes) y en el Primera Instancia 3, que acumula buena parte de las grandes "bombas" judiciales que flotan en la Vega Baja. A saber, "el caso Brugal", con todas sus ramificaciones; la imputación al ex alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya que le llevó a dimitir; y la detención de la cúpula del Ayuntamiento de San Fulgencio por el llamado video-trampa. Todos ellos asuntos que están parados en estos instantes.Como ya publicó este periódico, el Consejo General del Poder Judicial ofreció este plan de refuerzo en un primer momento a magistrados de carrera; es decir, a profesionales de la judicatura que estuvieran dispuestos a pasar seis meses, trabajando en Orihuela para colaborar en el "desatasco". No encontró a nadie. Según confirmó el periódico, a priori está previsto que los tres jueces de refuerzo, que proceden de la bolsa de Elche y Vega Baja, tomen posesión de sus cargos con fecha 1 de octubre por un periodo de seis meses que, según todos los indicios y si no hay más recortes, se podrá renovar. "Es imposible sacar en ese plazo las 3.000 sentencias pendientes de poner en cada juzgado", aseguraba un portavoz judicial consultado por este periódico. De hecho, lo lógico al cabo de un año es que un magistrado ponga un máximo de un millar de sentencias; es decir, estamos hablando de que está pendiente de ponerse sentencia al trabajo de tres años.
Recorte
El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia de la Generalitat Valenciana, no dudó hace tres meses en calificar la situación que padecen estos juzgados como la más grave de España. Éste es el motivo por el cual el Consejo General se ha saltado recortes para poner en marcha este plan. Ahora bien, todo hace indicar que la Generalitat Valenciana no está por la labor de asignar funcionarios de refuerzo para esta tarea, según fuentes consultadas por este periódico, porque las arcas de la consellera Paula Sánchez de León no están prácticamente para nada. Sólo hay que darse una vuelta por los aseos de cualquier Palacio de Justicia de la provincia y, antes de entrar, preguntarse si hoy habrá papel higiénico.
"¿Qué le dices a alguien que no cobra?"
Los abogados y procuradores son los principales perjudicados por esta situación. Uno de ellos explicaba a este periódico que "el que trabaja en Orihuela, o en Torrevieja, ya sabe a qué está expuesto cuando se inicia el procedimiento. Es algo que nadie puede evitar y que, por desgracia, ha dado a bastante picaresca profesional durante los últimos años"
A veces, el profesional que sabe que lo tiene difícil se beneficia porque su cliente, en casos de un impago, por ejemplo, sabe que va a tener mucho, pero que mucho más tiempo para poder encontrar el dinero. En cambio, el que está a la espera de cobrar se encuentra en una posición completamente distinta, "tú ponte en la situación de alguien que sabe que tiene la razón, que no le pagan y que no sabe cuándo lo harán. Que encima ha tenido que ir a un abogado, hacer un desembolso mayor o menor y que de tanto en tanto te va a visitar al despacho sin que le puedas decir ni cuándo habrá sentencia ni, mucho menos, cuándo cobrará".
Fuente: www.diarioinformacion.com
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