La Junta de Personal denuncia falta de limpieza, ordenadores obsoletos, fallos en los sistema de ascensores y falta de mantenimiento
El funcionamiento de la Ciudad de la Justicia ilicitana sigue con el pie cambiado, a tenor de la denuncia realizada ayer por la Junta de Personal de Funcionarios de Justicia de la Provincia de Alicante. Tres meses después de su puesta en marcha, con una inversión de unos 33 millones de euros, el edificio sigue presentando deficiencias graves que, lejos de ser subsanadas, afectan al día a día no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios.
Tras una reunión celebrada ayer sin que pudieran disponer de una sala para su celebración -hay críticas de la junta en este sentido al juez decano, que alegó, como asegura, la ocupación de todas las salas de vistas-, los representantes sindicales decidieron hacer públicas las carencias «tanto de recursos materiales como humanos que venimos padeciendo los funcionarios de Justicia» para desempeñar su cometido».
La Junta de Personal ha dado este paso por la «escasa/nula operatividad del Comité de Salud Laboral» de la provincia, «que no resuelve con eficacia las múltiples cuestiones que planteamos».
En el escrito de denuncia se habla de la falta de una Unidad de Información a la entrada del edificio (y punto PROP), «a efectos de orientar a los usuarios del lugar concreto a dónde dirigirse». Ello, unido a un «deficiente sistema de rotulación del edificio», induce, como afirman los representantes sindicales en la Junta, pertenecientes a CSIF, CC OO y UGT, «a continuas pérdidas de orientación y lo convierten en un auténtico caos».
Del mismo modo se habla de «falta de personal de mantenimiento, ya que una sola persona atiende el mantenimiento de todo el edificio, resultando claramente insuficiente».En lo que se refiere a la limpieza del edificio se asegura que es «deficiente», lo que como señala la Junta, «al parecer es debido a que la Generalitat no hace frente a sus pagos ante la adjudicataria y por este motivo la misma deja de pagar a sus empleados, con la consiguiente merma en cuanto a la calidad del servicio. La limpieza exterior del edificio, en concreto de sus cristales, brilla por su ausencia».
Existen igualmente, como se explica en el comunicado, «múltiples puertas y ventanas desencajadas hasta el punto de no poder ser utilizadas». Hay varios lavabos «averiados y fuera de servicio, hasta el punto de que «la práctica totalidad carecen de jabón, escobillas y papel higiénico».
El sistema de ascensores del edificio judicial presenta problemas, «pues los mismos son pequeños e inadecuados para su uso. Algunos de ellos ya han dado muestras de su ineficacia puesto que ya se han producido averías».
La máquina expendedora de turnos del Registro Civil resulta también «deficiente», el personal es «insuficiente» y los ordenadores de que se dispone para el trabajo diario son «obsoletos e inadecuados con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben soportar largas colas».
La Junta de Personal dejó patente además su malestar por haberse adjudicado las plazas del estacionamiento en los bajos del edificio «de forma absolutamente arbitraria y poco objetiva entre jueces, fiscales y secretarios». En este sentido los representantes sindicales aseguraron que «nuestros servicios jurídicos van a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra la indicada resolución, de la que hasta el momento no se nos ha dado traslado».
El presidente de la Junta en Elche, Antonio Pelegrín, insistió en que «no es normal que un edificio en el que se ha hecho una inversión tan importante presente este tipo de deficiencias cuando apenas lleva tres meses funcionando». Aseguró que el escrito recoge «sólo una parte» de las carencias pero que «hay más».
Se da la circunstancia de que la Ciudad de la Justicia no está inaugurada oficialmente, ya que se está a la espera de que pueda venir el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
Fuente: www.lasprovincias.es
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