El Gobierno reconvertirá las actuales plazas en instancias civiles en un año.
El Ministerio de Justicia tiene intención de cerrar los juzgados del Registro Civil en un año. El Gobierno, según confirmaron fuentes judiciales, pretende reconvertir las actuales plazas en juzgados de Primera Instancia para hacer frente a la avalancha de reclamaciones de impago por la crisis. Los magistrados valencianos del Registro Civil se oponen a la supresión de sus juzgados y advierten de que "se perderán garantías". Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que el Registro Civil pasará a ser una oficina administrativa desvinculada de los juzgados. Los encargados del Registro serán funcionarios cualificados. El proyecto, que está en una fase muy avanzada, liberará a los jueces de los trámites administrativos para que se dediquen a "su función constitucional de juzgar y ejecutar" sus sentencias.Los jueces valencianos, según explicó un magistrado adscrito a uno de los 5 Registros Civiles de la Comunitat, consideran que puede peligrar "la protección de derechos íntimos relacionados con el matrimonio, la filiación, la emancipación, los apellidos o el sentimiento de inclinación sexual". Estas fuentes pusieron como ejemplo la labor que están haciendo para evitar matrimonios de conveniencia. Sin embargo, fuentes policiales aseguraron que es intrascendente que el control lo realice un juez ya que "lo puede hacer cualquier otro funcionario de la Administración".Los magistrados del Registro Civil querían que el Ministerio de Justicia aumentara el número de juzgados exclusivos para que hubiera uno por cada quinientos mil valencianos. El Ministerio abrió hace apenas un año un segundo juzgado del Registro Civil en Alicante, pero ahora apuesta por la desmantelación de todos. Los jueces han asumido que "ya no hay marcha atrás" y ya han comenzado a buscar otros destinos.La Fiscalía sí que está a favor de la desjudicialización y advierte de que se evitarán casos como el de la juez de Dénia que se negó a casar a homosexuales. Fuentes de la Fiscalía apuntaron que los trámites del Registro Civil "son administrativos y no es necesario que los controle un magistrado especializado. Si un ciudadano no está de acuerdo con la resolución del Registro podrá recurrir a un juez de lo Contencioso Administrativo". Las mismas fuentes añadieron que el Estado dio "a finales del siglo XIX a los jueces el control de los Registros Civiles con carácter provisional. La Administración no disponía en todo el Estado de una estructura para ofrecer el servicio y se tuvo que apoyar en los juzgados. Ahora no tiene ningún que siga en manos de los jueces".
Fuente: www.levante-emv.com
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