El decepcionante plan para la Justicia

06.10.09 -
PEDRO VIGUER
MAGISTRADO JUEZ DECANO DE VALENCIA.

El pasado 18 de septiembre de 2009 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia, y paralelamente, en declaraciones publicadas en diversos medios de comunicación, el Ministro de Justicia ha afirmado que serán los Jueces los que tendrán que explicar las razones por las que acuden a la huelga convocada el 8 de octubre. Con esta afirmación se está dando por sentado que el aludido Plan da respuesta y resuelve de un plumazo todos los males de la Justicia por lo que cualquier protesta estaría injustificada. En este contexto, parece oportuno realizar algunas reflexiones y puntualizaciones sobre las bondades y deficiencias del aludido Plan, con los datos en la mano ofrecidos por el Ministerio de Justicia, esto es, con criterios estrictamente objetivos.
El Plan de Modernización contempla medidas positivas que sin duda suponen un avance respecto de la situación de estancamiento y olvido en que tradicionalmente ha estado sumida la Administración de Justicia, como la tan esperada implantación de la oficina judicial (después de seis años, nada menos), la interconexión informática de los Juzgados, la importante inversión en materia de innovación tecnológica, la supresión del traslado forzoso, la creación de una comisión (otra más) para estudiar la revisión de la planta judicial y la creación de la figura de los «jueces de adscripción territorial» cuya finalidad es acabar progresivamente con la justicia interina (jueces sustitutos).
Pero no es cierto, como se afirma en el propio texto del Plan, que tales medidas supongan un aumento del número de juzgados o tribunales (llamados ahora «unidades judiciales») ni que se incremente sustancialmente el número de jueces o magistrados. Al menos, no se ofrece nada distinto a lo que ha venido siendo la pauta habitual durante los últimos años, es más, incluso se ha producido un claro retroceso en algunos aspectos.
Una de las principales reivindicaciones históricas del colectivo judicial ha sido la necesidad urgente de incrementar el número de órganos judiciales dado el elevadísimo volumen de asuntos que se venían y se vienen registrando en los órganos judiciales, sobre todo desde que se empezaron a hacer patentes los efectos de la profunda crisis económica, que ha afectado a todos los órdenes jurisdiccionales, y especialmente a los Juzgados de lo Mercantil, de 1ª Instancia y de lo Social, aunque hay que precisar que la insuficiencia de juzgados no es algo nuevo pues viene de lejos. También preocupa, y mucho, el anhelado aumento del número de jueces y magistrados en España, ya que actualmente la ratio es de 9,8 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media de los países europeos es de 19,8, o sea, el doble. Pues bien. En lo relativo a estas dos reivindicaciones de los jueces que podríamos considerar «nucleares», no se ha avanzado ni un milímetro. Veamos:
En cuanto al incremento del número de juzgados y tribunales, ahora denominados «unidades judiciales», se pretende la creación de 150 al año durante tres años (en total 450), dejando al margen los jueces de adscripción territorial, lo que supone que en 2010 se crearán 10 unidades judiciales menos que en 2009 (ya que se crean este año 160), y las mismas que en 2008 (pues se crearon 150). Esta situación de desesperante lentitud y tremenda cicatera a la hora de crear Juzgados, ha sido uno de los detonantes principales de las protestas judiciales ya que es manifiesta la insuficiencia de órganos judiciales en nuestro país y nada se hace para evitarlo. Y lo más decepcionante es que, según se desprende del Plan, la situación no va a cambiar en absoluto. Por otro lado, la nueva figura del «juez de adscripción territorial» o «juez volante» no supone la creación de nuevos órganos judiciales porque su cometido estará limitado a realizar sustituciones o funciones de apoyo de otros jueces, tarea que hoy en día vienen realizando los jueces sustitutos, lo cual es positivo porque se pretende pasar de la sustitución interina a la titular, pero, dicho esto, se prevé la creación de tan sólo 50 «jueces volantes» al año para toda España cuando cada día trabajan en los Juzgados y Tribunales 860 jueces sustitutos según datos proporcionados por el propio Ministerio de Justicia, esto es, en España un 18'5% de los jueces son sustitutos. Sólo en la provincia de Valencia desempeñan sus funciones más de 40 jueces sustitutos cada día. A este ritmo «frenético» haría falta nada menos que 17 años para llegar a los 860 jueces volantes que deberían poner fin a la justicia interina.
En cuanto al incremento del número de jueces y magistrados se prevé el ingreso en la carrera judicial de 250 jueces al año. Antes de la huelga 18-F ya se había ofertado la cifra de 220 jueces al año y se consideró manifiestamente insuficiente; por otro lado, del supuesto incremento de 250 jueces habría que descontar 50 para cubrir jubilaciones, fallecimientos y excedencias, por lo que el incremento anual del número de jueces no sería en realidad de 250 sino de 200, o sea, 600 jueces en tres años, y si ello es así, la carrera judicial pasaría a estar integrada por unos 5.200 jueces (hoy somos unos 4.600): Con ello, la ratio que se alcanzaría sería de 11,3 jueces por cada 100.000 habitantes muy lejos de la media europea de 20 jueces. La verdad, difícilmente puede sostenerse que nos encontramos ante un sustancial incremento del número de jueces en España en la medida reclamada insistentemente por el colectivo judicial, sino que, al contrario, se nos ofrece más de lo mismo. Es más, esta tendencia continuista es una noticia tremendamente desalentadora si se tiene en cuenta que la ratio de jueces en España ha descendido en el último año, ya que se ha pasado de 10,05 jueces por cada 100.000 habitantes en 2007, a 9,8 en 2008 según datos del CGPJ. No parece, pues, que el Plan, en este concreto aspecto, vaya por el buen camino.
Ciertamente no puede hablarse de «la mayor creación de Juzgados de la democracia» como la han calificado los responsables del equipo ministerial, pues en realidad se va a mantener la lentísima cadencia de creación de Juzgados de los últimos años y que de hecho ya existía cuando comenzaron las protestas que pusieron en evidencia la insuficiente de órganos judiciales allá por el mes de octubre de 2008. ¿Es ésta la gran reforma de la Justicia que se nos ofrece por el Ministerio de Justicia?
Bienvenida sea la modernización de la oficina judicial, pero si no va acompañada de un sustancial incremento del número de jueces y de órganos judiciales, si no contamos con más manos para resolver los más de nueve millones de litigios que ingresan anualmente en los juzgados y tribunales españoles, de poco va a servir, pues el «cuello de botella» seguirá existiendo, y el volumen de asuntos pendientes seguirá creciendo de forma imparable. Desde este punto de vista, el aludido Plan es incompleto, insuficiente y muy decepcionante.
Por otro lado, tampoco existen compromisos presupuestarios para hacer frente sostenidamente en el tiempo a las necesidades del sistema judicial español, ya que no cabe limitar las medidas propuestas al escaso lapso de tiempo de tres años -esto es, a la presente legislatura- lo que evidencia la urgente necesidad de un Pacto de Estado que implique a las principales formaciones políticas para llevar a cabo tales reformas de forma consensuada, con compromisos a largo plazo, esto es, con altura de miras, con carácter estructural y con continuidad temporal.
Finalmente, nada concreto se ha ofertado en cuanto a la problemática derivada de la interinidad en el funcionariado judicial y la irritante tardanza en la cobertura de las bajas y vacantes, lo que incumbe también, y especialmente, a las CCAA con competencias transferidas.
En el panorama descrito, si el ritmo de creación de unidades judiciales y el incremento del número de jueces va a ser el mismo al que nos tienen acostumbrados desde hace muchos años, sólo cabe concluir que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Eso sí, seguiremos en el furgón de cola de los sistemas judiciales europeos en cuanto a celeridad y eficacia de la respuesta judicial, sencillamente porque los responsables políticos continúan anclados en la pasividad, en el cómodo abandono institucional hacia la Administración de Justicia, que por lo visto se prefiere anquilosada antes que eficaz y célere. Y esta situación provoca una tristeza más profunda si se tiene en cuenta que el Poder Judicial por sí solo poco puede hacer para paliar esta situación, pues carece de autonomía presupuestaria, esto es, el Poder Judicial si bien es independiente en el estricto desempeño de la función jurisdiccional, es «económicodependiente» en cuanto a los medios y recursos que precisa, de modo que necesita para sobrevivir de la colaboración institucional de los restantes Poderes del Estado en cuanto a dotación presupuestaria y medios materiales y humanos, y muy especialmente del Poder Ejecutivo.
En este contexto el Poder Judicial será lo que el Ministerio de Justicia y los gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas quieran que sea, lo que suscita un cierto sentimiento de impotencia y a la vez produce escalofríos, pues evidencia la debilidad del principio de la división de poderes y de la «independencia externa o institucional», ya que al final que el sistema judicial funcione o no dependerá siempre de la voluntad política de nuestros gobernantes, y lo cierto es que hoy por hoy no parece que contemos con la comprensión, asistencia y colaboración institucional que precisamos: En realidad nunca hemos contado con ella. Realmente es una lástima que no se afronte de una vez por todas la ansiada reforma de la justicia porque, al final del camino, el gran perjudicado va a ser, como siempre, el sufrido ciudadano, ya que de lo que estamos hablando es de garantizar la rápida y eficaz tutela de sus derechos.
En fin, nos encontramos en un momento histórico en el que la judicatura se juega ejercer su función constitucional con dignidad y eficacia, y por otro lado vale la pena luchar para que los ciudadanos puedan disponer de un sistema judicial moderno y ágil que permita la aplicación inmediata de la Ley allí donde se plantee un conflicto que precise un pronunciamiento judicial.
En suma, hay motivos de peso para estar descontentos con el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia.
Fuente: www.lasprovincias.es