ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
VALENCIA. La decisión de la Conselleria de Justicia de reducir el número de taxis de los que disponen los fiscales para acudir a los juzgados de los pueblos a los que tienen que desplazarse con sus vehículos particulares, en metro o en autobús, amenaza con abrir una grieta en las relaciones de los representantes del Ministerio Público con la judicatura. La solución propuesta por la Fiscalía de Valencia ante la «gravedad de la situación creada» por los recortes del Consell pasaba por reducir el número de desplazamientos a los pueblos potenciando la videoconferencia para garantizar la presencia del fiscal en juicios rápidos, órdenes de protección, comparecencias de prisión y juicios de faltas; pasaba también por fomentar el uso del correo electrónico y el fax para que los fiscales remitieran sus escritos a los juzgados desde la capital; y pasaba, finalmente, por implicar a jueces y magistrados, a quienes se pedía que concentraran en el menor número de días posibles el máximo de señalamientos.
Manifiesto
Las medidas planteadas por el Ministerio Público, que pretende evitar las disfunciones previsibles que se producirán cuando un mismo fiscal tenga que atender juzgados de distintos pueblos y tenga que viajar de uno a otro en bus o en metro, no cuentan con el respaldo de todo el colectivo judicial.
Algunos jueces y magistrados han empezado a movilizarse para materializar su descontento en un manifiesto. Los promotores de la protesta llevan días tanteando a compañeros para medir los apoyos que tendría el escrito en el que explicitarían la exigencia de que los representantes del Ministerio Público estén físicamente en los juzgados para la práctica de todas las diligencias en las que se requiera su presencia, aunque ésta pudiera garantizarse a través de medios tecnológicos.
La reacción de determinados miembros del colectivo judicial ha generado cierta perplejidad en la Fiscalía, en la medida en que a otros operadores jurídicos ya se les permite la flexibilidad que ahora ellos reclaman. Así, recuerdan que en los juicios rápidos que se celebran en los pueblos, los forenses emiten sus informes y los remiten al juzgado por fax sin examinar al lesionado, sino con la mera lectura del parte médico que también por fax les envía el órgano judicial. La misma situación se da con los peritos, que tasan daños sin examinar el bien dañado.
El recorte en el número de taxis afecta a los fiscales que acuden cuatro veces por semana a los juzgados de Torrente, Sagunto, Massamagrell, Paterna, Quart, Catarroja, Mislata, Sueca, Picassent, Llíria, Moncada, Gandía, Alzira, Onteniente, Játiva y Requena. Reprochan a la Conselleria que ponga en riesgo su seguridad obligándoles a utilizar un transporte público en el que pueden coincidir con acusados o familiares.
Fuente: www.abc.es
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