MAS SOLUCIONES PARA EL "PROBLEMA" DE LA JUSTICIA VALENCIANA

Leyes decimonónicas, tecnología desfasada y falta de funcionarios
Los participantes en el debate reclaman una revolución en las leyes procesales
Levante-EMV, Valencia
Los integrantes de la mesa de debate siguieron poniendo en evidencia todas las carencias detectadas en la Justicia, una administración a la que no ha llegado la revolución industrial ni la tecnológica y donde cada mínimo cambio debe hacerse a golpe de ley orgánica. Los participantes siguieron insistiendo en la falta de jueces y funcionarios, en la necesidad de modificar la estructura de los juzgados y su funcionamiento, de cambiar las leyes y de invertir tecnológicamente desde todos los gobiernos. Así, al problema de los juzgados de ejecutorias se sumó el Decano de los juzgados de Valencia, el magistrado Pedro Viguer, pero con datos, recordando que "en número de jueces, somos los terceros por la cola"."Y en tasa de litigiosidad, sólo estamos por detrás de Andalucía y Baleares, con 207 litigios por 100.000 habitantes", haciéndose eco Pedro Viguer del habitual discurso del presidente Francisco Camps, de que "hemos recibido un millón de habitantes en siete años".Ley de 1882El problema práctico para Viguer es que hay que trabajar con una "legislación penal de 1882, de la Restauración, con modificaciones, pero ley decimonónica al fin y al cabo". El Decano insistió en que la "deficiencia en ejecutorias está en el tema procesal". Y explicó que "los jueces están dictando resoluciones al 140%, trabajando más de lo que deberían y eso reduce la calidad de las resoluciones y aumenta la posibilidad del error. Además, el juez es el cuello de botella. Hace falta un 40% más de jueces de primera instancia".A continuación, el Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, fue categórico al manifestar que el problema de la Justicia "no es una situación nueva. Los abogados lo estamos denunciando hace muchos años y no se nos hacía caso", para afirmar de inmediato que "la justicia, desgraciadamente, funciona muy mal". En este punto, Francisco Real ofreció datos del Consejo General de la Abogacía: "El 71% de los letrados cree que la Justicia funciona mal". Y añadió, "se trata de males endémicos. Hacen falta jueces y muchos más fiscales, todo funcionaría con más fluidez y no habría un clima enrarecido entre abogados, jueces y usuarios de la Justicia".Para Real, "lo buenísimo sería separar los juzgados de primera instancia e instrucción en todos los partidos judiciales". Y explicó que "no es comprensible que en los juzgados estén citadas 15 personas para un juicio civil y lo suspendan porque tienen que atender un problema de violencia de género, porque tiene preferencia".Respecto a "los juzgados de instancia, funcionan mucho mejor, pero hay veces que se tarda siete años en tener una sentencia", comentó el Decano de abogados. "Y en Valencia funciona mejor que en los pueblos, donde a veces se tarda un año en dictar sentencia", añadió.Francisco Real aludió también al corporativismo de los jueces: "Es imposible que los abogados denuncien problemas al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que nunca tengamos la razón". Por lo que pidió "abrir la Sala de Gobierno para que se oiga a la abogacía y al resto de estamentos". Real finalizó apelando a que "los jueces deberían tener más presente la idea del servicio público y menos la del Poder Judicial". La nueva Oficina JudicialPero, "¿qué resoluciones verdaderamente dicta el juez? La quimera es que el juez debe dictar todas las resoluciones. Eso que hace un siglo podría ser posible, hoy es imposible". Con estas palabras entró en el debate Jesús Olarte, secretario del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.Olarte hizo un llamamiento a la "creación de la nueva Oficina Judicial". Porque, "los compartimentos estancos no son la solución para el siglo XXI, hace falta una reforma inteligente de las leyes procesales", manifestó. Olarte planteó un problema que es el de las sentencias de conformidad, cuando el acusado reconoce los hechos y se conforma con una pena."No puede ser que en estos momentos los condenados se vayan a su casa por falta de agilidad procesal. En ese momento se les debía requerir y mandar a prisión o pagar la responsabilidad civil a través de una oficina preparada", explicó. "Pero la Administración de Justicia no ha sido prioritaria para los políticos en materia presupuestaria y los problemas estructurales son serios. No hay suficientes juzgados para atender la elevada tasa de litigiosidad", tercia el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch."El CGPJ establece una media en un juzgado mixto de 350 casos civiles al año, pero normalmente sobrepasa esta cifra en el doble. Y ello se aproxima al caos, demoras, falta de control... El Gobierno Central ha hecho un esfuerzo en la creación de juzgados, pero muy insuficiente", añade Joaquim Bosch. "Y en el ámbito penal no es peor, pero los riesgos son mayores que el tener un embargo paralizado por las repercusiones sociales que tiene un crimen o una violación". De nuevo, Bosch saca a la memoria el "caso Mari Luz". "Lo que está claro es que la oficina judicial actual es un modelo obsoleto y el Gobierno no ha sabido sortear las resistencias, no ha tenido autoridad política o voluntad para sacarlo adelante. La ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 dedica 15 artículos de 1.000 a la ejecución de las condenas y habla de figuras tan arcaicas como el "comandante del presidio"", recordaba Bosch."Pero un juez sin funcionarios y edificios no puede dictar sentencias". El portavoz de Jueces para la Democracia no se olvidó de que tenía enfrente al conseller. Y también por ello, explicó que "la asignación de medios personales y materiales debe ser eficiente. La Generalitat hace una buena gestión en edificios, regular en medios materiales y peor en medios humanos, como la asignación de funcionarios, la gestión de sustitución de las bajas con trabajadores interinos que llegan de cargar cajas en un supermercado y no saben ni enchufar un ordenador... No hay un sistema de gestión ágil del personal o de control de los funcionarios".En su línea, Bosch fue contundente y tuvo para todos: "Insuficiencia de jueces y medios informáticos; y en el proceso, un funcionario de baja no sustituido y el que llega que no tiene ni idea. El resultado es el "caso Mari Luz"".De nuevo con las ejecuciones pendientes. "¿En las ejecutorias de Valencia qué pasa? Que mañana puede pasar una tragedia y el conseller dirá que la culpa es del juez", sentenció el portavoz de Jueces para la Democracia. Bosch recordó que "hay un juzgado que tiene 1.000 casos sin incoar y funciona con la mitad de la plantilla. Y el condenado por uno de estos casos parados puede mañana matar a una persona". Le tomó el testigo en este punto la delegada sindical en Justicia por CC OO Nieves Rubio. "En 2003 cayeron de golpe las ejecutorias. Los juzgados de ejecutorias se crearon con falta de personal: de repente, al volcarlo todo a estos juzgados, se encontraron con 6.000 sentencias pendientes". Una medida precipitadaNieves Rubio explica que ello "provocó el malestar en los juzgados penales, de donde salieron los funcionarios con destino a los de ejecutorias, y los jueces y secretarios lo vieron como una medida muy precipitada, sin saber si lo iban a poder afrontar".La delegada de CC OO rememora el inicio del problema. Al cambiar el sistema de ejecución de sentencias, esta parte del proceso pasaba a los juzgados especializados, formados con parte de los funcionarios del resto de juzgados de lo penal. Como se quedaron con la mitad de los trabajadores, también las ejecuciones de las sentencias de conformidad, que debían ser automáticas, se derivaron a los juzgados de ejecutorias, ralentizando el proceso. "Al final, primó el corporativismo del poder judicial, los juzgados podrían haberlo asumido pero no han querido. Hay un problema de servicio público y, si hay posibilidad de que un señor se vaya con su sentencia ejecutada, hagámoslo. Las ejecutorias penales son todas urgentes", finaliza Nieves Rubio. Pedro Viguer explica que la Junta de Jueces de penal había acordado recientemente asumir también esta parte del proceso, para ayudar a descargar las ejecutorias penales. Pero José Vicente Cabo, presidente del sindicato CSI-CSIF en Justicia, vuelve a la carga. "Hay problemas de infraestructura de toda la vida. A los políticos no les interesa que vaya bien la Justicia. Porque si fuera así, al día siguiente de recurrirles un acuerdo, se lo podrían suspender en los tribunales".Además, añade, "aún recordamos juzgados sin aseos y donde caía el agua encima se los expedientes judiciales. Era lo normal...".Volviendo al discurso del presidente Camps, Cabo explica que "con el paso del tiempo, ha habido otros problemas estructurales. En siete años, se ha producido un aumento de un millón más de población. Nos hemos encontrado de la noche a la mañana con más gente, con otras costumbres y que ha venido a lo que ha venido". Y recuerda que "Alicante es la cuarta provincia de España con más juzgados, porque hay más litigios". El delegado de CSI-CSIF añade que "los problemas nuevos se han juntado con los antiguos. Los juzgados de ejecutorias se trajeron a Valencia cuando ya habían fracasado en Madrid y Barcelona. Además, al pasar la sentencia del juez que la impone a otro se pierde la información directa sobre la persona, la proximidad del caso. La especialización tiene sus riesgos".
Esta información ha sido elaborada por J. Monreal, R. Laguna y José Parrilla.